El exsenador cartista Hernán David Rivas, quien enfrenta un juicio por un presunto título falso de abogado desde 2020, recibió apoyo político en diversas ocasiones de figuras clave del gobierno, entre ellas el presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Este respaldo se mantuvo incluso cuando ya existían evidencias en su contra.
Peña, quien defendió a Rivas hasta abril del año pasado, mostró una falta de vergüenza ante la situación del exsenador, a pesar de que este se encontraba a las puertas de un juicio. La situación se torna más compleja al recordar que Rivas logró un récord negativo al votar en tres ocasiones para designar al presunto “abogado mau” en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), junto a otros políticos como Basilio “Bachi” Núñez y el senador Derlis Maidana.
En el Senado, Rivas obtuvo 26 votos, la mayoría provenientes de su partido, pero también de integrantes del bloque liberacionista-cartista, siendo Dionisio Amarilla uno de los más destacados. Otros senadores que se unieron a esta votación fueron Noelia Cabrera Petters, Édgar López, Hermelinda Alvarenga y Sergio Rojas, quien ya había respaldado a Rivas en la Cámara de Diputados en 2021.
Un episodio memorable ocurrió durante una conferencia de prensa donde Rivas intentó involucrar a colegas como Silvio “Beto” Ovelar y Juan Carlos “Nano” Galaverna como sus defensores, pero su intento de justificar su situación solo resultó en un mayor desprestigio. La complicidad de altos funcionarios del cartismo en la carrera política de Rivas plantea interrogantes sobre la ética y la integridad en el sistema judicial del país.
La trayectoria de Rivas como legislador y su ascenso al JEM no son hechos aislados, sino que reflejan un patrón de apoyo político que ha prevalecido a lo largo de su carrera. Este caso resalta la necesidad de una mayor responsabilidad y transparencia en la política paraguaya.
