El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ha enfatizado que su principal objetivo es fomentar la participación cívica en las próximas elecciones municipales del 4 de octubre, priorizando la convicción de los ciudadanos sobre la recaudación de multas. Jorge Bogarín, titular del TSJE, destacó que están llevando a cabo una campaña de conciencia cívica para invitar a la ciudadanía a votar de manera convencida, en lugar de temer a las sanciones económicas.
La única sanción que se aplicará por no asistir a votar es una multa de G. 117.000. Sin embargo, el TSJE está desarrollando un procedimiento que permitirá a los ciudadanos justificar su ausencia por razones válidas, como enfermedad o estar en el extranjero. “Va a existir el debido proceso y el derecho a la defensa”, aseguró Bogarín, añadiendo que se publicará un listado de los no votantes con la posibilidad de que puedan justificar su ausencia a través de los jueces.
Los ciudadanos podrán realizar el pago de la multa directamente en la Justicia Electoral, utilizando los métodos administrativos y bancarios habilitados. Además, se ha establecido una reglamentación que facilitará el proceso de cobro en caso de incumplimiento prolongado, que será gestionado por la Procuraduría General de la República.
Bogarín también mencionó una colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas para habilitar cuentas específicas para el pago de multas y facilitar así el proceso a los votantes. La Dirección de Informática del TSJE realizará un cruce entre las listas de votantes y no votantes tras las elecciones, permitiendo a los ciudadanos verificar su estado de sufragio ingresando su número de cédula.
Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE, confirmó que se aplicará la multa a quienes no voten, aunque la legislación no establece sanciones adicionales por el incumplimiento del pago. Ljubetic reconoció que la normativa actual tiene falencias al no prever consecuencias por el no pago de la multa.
El TSJE también ha asegurado la supervisión de delegaciones internacionales como la OEA y UNIORE para garantizar la transparencia del proceso electoral. Aunque se abrió un proceso de inscripción para organizaciones nacionales que deseen observar las elecciones, ninguna ONG local se ha registrado hasta el momento.
Respecto a la libertad de expresión, Bogarín descartó cualquier intento de censura sobre críticas dirigidas a la institución en redes sociales, reafirmando el derecho a la información. Además, reiteró que cualquier cambio en la normativa electoral debe ser debatido y aprobado por el Congreso Nacional.