En su declaración jurada actualizada el 25 de julio del 2025, ante la Contraloría, Sienra Bertón declaró como grado académico secundario. Esto se contradice con los datos que figuran en el Poder Judicial, que refieren que cumple la función de directora general, ingresó a la institución en 1998 y su “profesión” es Universitario.
La alta función que desempeña Sienra Bertón exige conocimientos técnicos específicos, ya que se encarga de la “administración a nivel nacional, de la Gestión Electrónica en Procesos de Asistencia Jurisdiccional, en materia de las garantías constitucionales y asignaciones de rematadores públicos y peritos judiciales, traductores e intérpretes públicos”, entre otras funciones.
Es fundamental conocer si la persona sobre quien recae semejante responsabilidad está debidamente capacitada para el cargo. Sienra Bertón es directora general de Garantías Constitucionales desde el año 2012, nombrada bajo la presidencia de su esposo. Actualmente, percibe un salario de G. 22.399.791, que incluye bonificaciones y gratificaciones, pero no por grado académico, como sí ocurre con otros funcionarios.
Los propios servicios de comunicación de la Corte Suprema de Justicia no presentan a la directora general anteponiendo ninguna profesión, como acostumbran a hacer con otros altos cargos de la institución, como “Prof. Dr. Alberto Martínez Simón” o “Lic. Rosa Szarán”. En el caso de la esposa de Benítez Riera solo se la cita como “Sra. María Verónica Lina Sienra” o directamente “María Verónica Sienra”.
Todo esto lleva a suponer que el Poder Judicial conoce perfectamente si la señora Sienra posee o no un título universitario. Sin embargo, ante el pedido de información pública sobre la cuestión, optó por derivar la solicitud al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Dicha institución a su vez respondió que no cuenta con registros de títulos universitarios a nombre de Sienra desde el 2012 hasta la actualidad.
En su rol de directora general, Sienra participó activamente en comités de evaluación de profesionales que se presentaban a concursos con la esperanza de acceder a un cargo en la función pública. A todos o a la gran mayoría se les exige el grado universitario, mientras que la propia directora general, a todas luces, carece del mismo.