La presidenta de la Junta Municipal de Caapucú, Lidia Téllez (ANR-HC), llevó a cabo una sesión sin quórum legal, donde juramentó a dos concejales suplentes, en una acción calificada como nula por la falta de cumplimiento de las normativas internas. Esta situación se produce en medio de un conflicto político que ha llegado incluso al Congreso, donde concejales han denunciado una «dictadura» municipal liderada por el intendente renunciante, Gustavo Penayo (ANR-HC).
El acto de juramento se realizó en una reunión clandestina por parte de cinco concejales alineados con Penayo, quienes buscan consolidar su poder al contar con un grupo de siete concejales leales. Este movimiento tiene como objetivo evitar la aprobación del acta de la sesión del 3 de junio, donde Penayo presentó su renuncia y se intentó designar a Hernán Olavarrieta (ANR-HC) como intendente interino. En esa votación, Rubén Pedrozo, de la oposición, obtuvo el apoyo necesario para ser reconocido como el nuevo intendente interino.
Tras no aceptar su derrota, Penayo ha llevado a cabo diversas maniobras para mantener el control, incluida la retirada de su renuncia y el intento de ocultar el acta de la sesión. Mientras tanto, cinco concejales liberales y dos colorados han sostenido su postura de que Pedrozo es el intendente interino y han continuado sesionando con quórum legal.
Ayer, los concejales cartistas destituyeron unilateralmente a sus opositores y procedieron a juramentar a Líder Marcelino Pedrozo Villalba y Elizabeth Álvarez de Adorno, quienes ocupaban posiciones en la lista de suplentes, en un movimiento que parece haber sido diseñado para asegurar lealtades. Los suplentes de la oposición no fueron convocados para este acto, debido a su negativa a participar en la maniobra.
La situación ha escalado hasta el punto de que se han registrado incidentes de violencia, incluyendo el uso de gas pimienta para intentar evitar la sesión. El clan Penayo aspira a funcionar con solo siete concejales leales, desestimando el total de doce que deberían integrar la Junta.
Gustavo Penayo ha manifestado en redes sociales que se considera un perseguido político y sostiene que su renuncia no tiene validez jurídica, argumentando que fue solo una prueba para medir el respaldo de los concejales. Mientras tanto, su hermano Ramón Penayo, actual candidato a intendente, está utilizando recursos municipales para hacer campaña de cara a las elecciones del 4 de octubre.