La Cámara de Senadores aprobó este martes, en una sesión extraordinaria y sin debate, un proyecto que expresa su «preocupación» por la falta de pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre una recusación en la causa Banco Atlas–CONMEBOL. La iniciativa, presentada por el senador Dionisio Amarilla, fue respaldada por legisladores de diversas bancadas y se aprobó en menos de un minuto, bajo la presidencia de Javier Zacarías Irún.
El documento señala que la demora en resolver la recusación afecta el avance del proceso judicial y genera inquietud institucional. Sin embargo, el pronunciamiento del Senado se refiere a un incidente procesal privado y no involucra a entidades públicas ni fondos en riesgo, lo que ha llevado a interpretaciones de que podría ser un ataque a un medio de comunicación por su cobertura sobre el caso.
El artículo 248 de la Constitución Nacional establece límites claros a la intervención de los poderes del Estado en procesos judiciales, indicando que solo el Poder Judicial puede decidir en asuntos contenciosos. La norma prohíbe que otros poderes interfieran en juicios, considerando nulos los actos que contravengan esta disposición. A pesar de ello, el Senado aclaró que su declaración se formula «con pleno respeto de la independencia del Poder Judicial» y no busca influir en la resolución de la recusación.
La rápida aprobación del proyecto ha sido criticada por la falta de debate sobre sus implicaciones constitucionales. A las 11:06, se realizó la votación con el apoyo de senadores de diferentes sectores, aunque posteriormente algunos, como el senador Eduardo Nakayama, pidieron reconsiderar su voto, expresando su desacuerdo con la intromisión en asuntos judiciales.
El senador Rafael Filizzola argumentó que la declaración violaba el artículo 248 al presionar a la Corte Suprema. Tras un intercambio sobre la independencia de poderes y ante la falta de quórum, la sesión fue levantada sin que se concretara la votación de la reconsideración. Filizzola y el senador Ever Villalba anunciaron su intención de plantear la derogación del proyecto.
El texto aprobado busca protegerse constitucionalmente, afirmando que no atribuye responsabilidad penal ni pretende influir en la decisión de la Sala Penal. El artículo 3° del proyecto reitera que la declaración refleja una «preocupación institucional» por la demora en el caso y no representa un juicio sobre la recusación ni la responsabilidad penal de personas involucradas.
Este no es el primer intento de legisladores por influir en asuntos judiciales, recordando un antecedente del 10 de junio de 2020, cuando diputados presentaron una nota ante la Corte relacionada con la publicación de declaraciones juradas de funcionarios.