La reciente condena de 8 años de prisión al exlegislador Hernán Rivas por un Tribunal de Sentencia el pasado 24 de septiembre ha desatado un intenso debate sobre las implicaciones de sus decisiones en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Rivas, quien ocupó cargos como diputado y senador, fue crucial en la aprobación o rechazo de sanciones y enjuiciamientos durante su tiempo en el JEM.
La sentencia contra Rivas abre la puerta a posibles acciones legales por parte de aquellos que se sintieron perjudicados por sus decisiones. Los afectados se encuentran ahora ante la incertidumbre sobre las opciones disponibles para apelar las resoluciones del Jurado, con la Corte Suprema de Justicia como última instancia.
Desde el inicio del juicio, los miembros del JEM han discutido las consecuencias de la condena, pero aún no han tomado una decisión formal. Se espera que se aclare la situación una vez que la sentencia quede firme. El director general jurídico del JEM, Dr. Fernando Barriocanal, comentó que no se ha emitido ningún dictamen sobre el caso de Rivas y que las resoluciones del Jurado son, en principio, irrecurribles.
Barriocanal también mencionó que los afectados pueden plantear recursos de inconstitucionalidad, aunque esto dependerá de la Corte y si considera que hay un nuevo hecho que justifique la revisión. Aseguró que el JEM no tiene la capacidad de revisar sus propias decisiones y que, si la Corte anula alguna de ellas, el proceso volvería a su inicio.
Además, se discutió la posibilidad de que la condena a Rivas genere un derecho a indemnización, aunque la responsabilidad podría recaer tanto sobre él como sobre el Estado. La base para cualquier reclamación sería la nulidad del proceso, lo que abriría un nuevo plazo para acciones legales.
El Tribunal que condenó a Rivas, compuesto por Juan Carlos Zárate Pastor, María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo, determinó que su conducta provocó un daño significativo a la ciudadanía. La presidenta del Tribunal, García de Zúñiga, anunció que la sentencia completa será leída el 2 de octubre, ofreciendo así más claridad sobre los fundamentos de la decisión.
Rivas fue hallado culpable de utilizar un título falso de abogado, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar inicialmente una condena de 12 años. La acusación se basó en la producción y uso de documentos públicos falsos relacionados con su designación en el JEM en diferentes años. La defensa argumentó que la Fiscalía no demostró adecuadamente la participación directa de Rivas en los delitos imputados.