El barrio Jara de Asunción, tradicionalmente habitado por la clase media, enfrenta actualmente serios problemas de microtráfico y conflictos vecinales. Este emblemático sector, que limita con Las Mercedes, Mariscal López, Virgen del Huerto, Virgen de la Asunción y San Juan, es conocido por sus avenidas y una diversidad de servicios, pero ahora también se ve marcado por la inseguridad y la falta de respuesta de las autoridades.
Una publicación de la Municipalidad de Asunción, datada el 23 de agosto de 2020, destaca el crecimiento y desarrollo del barrio. Sin embargo, un comentario de una vecina revela que la situación ha cambiado. La residente lamenta que la calle Ciancio, ocupada desde hace años por familias que llegaron tras inundaciones, sigue sin ser desalojada a pesar de tener una sentencia firme. «Todos los servicios nos hacen pagar como barrio residencial, y mientras tanto ni calle tenemos», expresó.
A seis años de esa publicación, la situación en Ciancio se ha vuelto insostenible. Las familias que se adueñaron de la vía han convertido el lugar en un espacio intransitable. Una vecina, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, indicó que esta ocupación persiste debido a la protección política que reciben los invasores, vinculados al Partido Colorado.
Los problemas no se limitan a la ocupación ilegal. En el barrio, la prepotencia se ha apoderado de los espacios públicos. Vecinos reportan que se han establecido normas informales que prohíben el paso vehicular en ciertas áreas y se organizan fiestas ruidosas que generan conflictos. Recientemente, un hombre de 70 años enfrentó a un grupo que hacía ruido y, tras llamar a la policía, sufrió represalias violentas contra su vivienda.
El microtráfico se ha convertido en otra gran preocupación para los habitantes del barrio. Una vecina manifestó que «el barrio está minado de chespis» y que la comunidad vive en constante miedo, encerrándose en sus casas al anochecer. Las denuncias a la policía parecen ser inútiles, ya que los delincuentes operan con impunidad. Recientemente, tras un allanamiento, un detenido se jactó de haber pagado a un fiscal para ser liberado.
La inseguridad ha llevado a los residentes a tomar medidas por su cuenta. Hace cuatro años, lograron instalar cámaras de seguridad, pero estas fueron destruidas rápidamente. Ahora, muchos se ven obligados a utilizar guardias privados y a armarse con cercos y perros para proteger sus hogares.
Los testimonios de los vecinos revelan un panorama preocupante. Los robos son frecuentes y los adictos, que suelen provenir de zonas aledañas, atacan tanto a casas como a espacios comunes. «Roban todo lo que encuentran a su paso», afirmó un residente. La sensación de inseguridad se ha apoderado del barrio, donde los vecinos intentan sobrevivir en medio de una creciente violencia y abandono por parte de las autoridades.