El posible juicio político a ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha generado inquietud entre abogados y activistas en Paraguay. La Abg. María Esther Roa, integrante de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, expresó su preocupación, señalando que los ministros en la mira son aquellos que no asistieron a una reunión secreta con el presidente Santiago Peña en diciembre de 2025.
Roa advirtió sobre el riesgo de una captura política del Poder Judicial, especialmente dado que el oficialismo tiene la mayoría en ambas cámaras del Legislativo. La eventual remoción de los ministros Víctor Ríos y Gustavo Santander de la Sala Constitucional, así como Manuel Ramírez Candia de la Sala Penal, podría alterar el equilibrio de la justicia en el país. Para ella, un juicio político en este contexto podría abrir la puerta a una «Justicia más dócil a intereses políticos».
La activista también destacó que un uso indebido de la Justicia podría facilitar la impunidad para ciertos grupos y crear un entorno donde las decisiones judiciales se ajusten a las necesidades del poder. «No afirmo que eso necesariamente vaya a ocurrir, pero es un escenario que debemos evitar», enfatizó.
Roa recordó que Paraguay ya ha sufrido las consecuencias de politizar la justicia, citando las destituciones de ministros de la Corte en 2003 durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, lo que resultó en un fallo desfavorable para el país por parte del sistema interamericano. Insistió en que cualquier juicio político debe basarse en pruebas concretas de mal desempeño, y no ser una herramienta para eliminar a quienes no se alinean con el poder.
El Abg. Federico Campos López Moreira, presidente de la Asociación de Abogados y Auxiliares de la Justicia Penal del Paraguay, también se expresó sobre el tema. Sostuvo que hay motivos suficientes para un juicio político, pero no contra los ministros mencionados. Propuso que si se busca cambiar a los ministros, debería considerarse a aquellos con antecedentes de nepotismo y prebendarismo.
Campos enfatizó que lo político no debe interferir en lo jurídico y que, en cambio, este último debe controlar el exceso de poder político. Hizo un llamado a los abogados y a la ciudadanía para que permanezcan vigilantes, resaltando que la paz y el desarrollo en el país dependen de la existencia de una justicia independiente.