El juez Rodrigo Estigarribia otorgó este viernes medidas alternativas a la prisión preventiva a otros tres exfuncionarios del IPS, quienes deberán presentar cauciones reales de G. 500 millones cada uno. El proceso penal que investiga el presunto desfalco de G. 61.000 millones al Instituto de Previsión Social (IPS) continúa avanzando en el fuero especializado de Delitos Económicos.
Durante la mañana de este viernes se pusieron a disposición del juzgado otros tres exfuncionarios imputados: Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, exgerente de Logística y Abastecimiento; Verónica Alexandra Blanco Bogado, exdirectora de Mantenimiento; y Marcelo Rubén Bordón Leiva, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).
Los tres comparecieron ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, a cargo del juez Rodrigo Estigarribia, para la audiencia de imposición de medidas cautelares, en el marco de la imputación formulada por el fiscal Julio César Ortiz González por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.
Al término de las audiencias, el magistrado resolvió otorgarles libertad ambulatoria bajo medidas alternativas a la prisión preventiva y les impuso la obligación de presentar una caución real de G. 500 millones a cada uno, además de cumplir con las demás reglas de conducta establecidas por el juzgado.
Con esta decisión, ya son ocho los procesados que obtuvieron libertad ambulatoria en la causa. Se trata de los exfuncionarios Rosa Concepción Colman, Jorge Magno Brítez, Hugo Enrique Aranda, Juan Manuel Villar López, José Raúl Coronel Acosta, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Verónica Alexandra Blanco Bogado y Marcelo Rubén Bordón Leiva.
Se mantiene el criterio del juzgado
Las nuevas resoluciones ratifican el criterio que viene sosteniendo el juez Rodrigo Estigarribia desde las primeras audiencias de imposición de medidas cautelares.
En cuanto a las medidas patrimoniales, el juzgado fijó cauciones reales de G. 500 millones para la mayoría de los procesados, mientras que al expresidente del IPS Jorge Magno Brítez le impuso una caución de G. 1.000 millones, atendiendo a la función jerárquica que ejercía al momento de los hechos investigados.
Investigación por un perjuicio superior a G. 61.000 millones
La investigación se centra en las supuestas irregularidades detectadas en la ejecución del Contrato N.º 6/2020 para la provisión e instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central del IPS, adjudicado a la firma Neightpart S.A. Según la Fiscalía, el proyecto fue objeto de sucesivas adendas y ampliaciones contractuales que incrementaron considerablemente su costo, pese a que la obra nunca fue concluida y los equipos adquiridos permanecieron almacenados sin ser utilizados.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, el contrato fue adjudicado inicialmente por aproximadamente G. 53.000 millones. Posteriormente, el Ministerio Público sostiene que se autorizó el desembolso de un anticipo equivalente al 20 % del monto contractual, unos G. 10.600 millones, pese a que el Hospital Central no contaba con la infraestructura necesaria para la instalación de los quirófanos modulares.
Asimismo, los investigadores cuestionan la aprobación de diversas adendas, entre ellas una para la incorporación de paneles fotovoltaicos por alrededor de G. 8.186 millones, modificaciones que, según la hipótesis fiscal, elevaron el perjuicio patrimonial ocasionado al IPS a más de G. 61.000 millones.
Mientras continúan las diligencias respecto de los demás imputados, la situación del también expresidente del IPS Vicente Mario Bataglia sigue pendiente, debido a que se encuentra fuera del país y se iniciaron los trámites para su localización internacional. En paralelo, el actual directorio de la previsional analiza constituirse en querellante adhesivo para impulsar la recuperación del millonario perjuicio patrimonial que habría sufrido la institución.