Las organizaciones criminales en el país continúan evolucionando a pesar de las detenciones de sus miembros. Muchos de estos delincuentes, que se encontraban encarcelados, han recuperado su libertad mediante medidas alternativas a la prisión, lo que permite a las bandas reconfigurarse y seguir operando.
En la madrugada del 10 de febrero, un grupo de delincuentes armados atacó la sede de la empresa ALGISA en Coronel Bogado, departamento de Itapúa. Utilizando fusiles y explosivos, causaron serios daños al edificio, aunque no lograron robar dinero, lo que sugiere que el ataque pudo haber sido una prueba de la respuesta de seguridad en la zona.
Dieciséis días después, el 16 de febrero, los mismos criminales atacaron la sucursal del banco Sudameris en Naranjal, Alto Paraná, detonando explosivos y robando aproximadamente G. 1.500.000.000. Sin embargo, los billetes estaban manchados con tinta roja debido a un sistema de entintado que se activó durante el asalto.
En junio, se registró un asalto en Santa Rita, Alto Paraná, donde los delincuentes anularon a los cuatro policías de guardia y atacaron varias sucursales bancarias, incluyendo el Banco GNB y el Banco Familiar, llevándose G. 1.200.000.000 y US$ 70.000. En ambos incidentes, las investigaciones llevaron a la detención de algunos de los supuestos miembros del grupo criminal.
Simultáneamente, otro grupo conocido como «piratas del asfalto» ha intensificado sus ataques. Equipados con vehículos todo terreno y armados, han llevado a cabo robos de camiones que transportan electrodomésticos y medicamentos, especialmente Tirzepatida, un producto cuya demanda ha crecido entre las bandas. Estos criminales han logrado evadir los esfuerzos de la Policía, perpetrando varios robos a lo largo de este año.
El 21 de febrero, se reportó el secuestro del colono Almir de Brum en Canindeyú, por parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Después de 106 días en cautiverio, logró escapar el 4 de junio. Sin embargo, el EPP también estuvo involucrado en un ataque a un puesto policial en Naranjito el 21 de julio, donde tres personas fueron asesinadas.
Por último, el 2 de octubre de 2025, el Teniente Coronel Guillermo Moral Centurión, funcionario de la Corte Suprema Militar, fue asesinado frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Su muerte está relacionada con su rechazo a un soborno para introducir un teléfono celular a un narcotraficante en prisión. Tras el crimen, se identificó y detuvo a varios sospechosos vinculados al atentado.