La Municipalidad de Asunción presentó este viernes un informe preliminar sobre la intervención en la Dirección de Vialidad, en el contexto del caso conocido como «mafia del asfalto». La intervención, ordenada por el intendente Luis Bello, busca investigar irregularidades y fue extendida por 15 días para ahondar en nuevas denuncias.
El informe fue entregado al Ministerio Público por el director de Asuntos Jurídicos, Jorge Sabaté, y la asesora de la intendencia, Melissa Ramírez. Este documento incluye los primeros hallazgos derivados de la revisión de documentos y procedimientos relacionados con la Dirección de Vialidad.
La Municipalidad enfatiza que será el Ministerio Público el encargado de analizar la documentación y determinar si existen hechos con relevancia penal. Además, aclara que la intervención seguirá para examinar aspectos que aún requieren un análisis más profundo antes de emitir conclusiones definitivas.
El informe destaca que la intervención “no se limitó a detectar inconsistencias”, ya que se han comenzado a implementar medidas para corregir debilidades de control y mejorar el funcionamiento de la Dirección de Vialidad. Entre las medidas adoptadas se incluye el refuerzo del control de combustible, la mejora en los registros de entrada y salida de materiales, y la implementación de un registro diario de producción en la planta asfáltica.
Asimismo, se han iniciado gestiones para incorporar un nuevo sistema informático y tecnología GPS que mejoren la trazabilidad y el control de vehículos, maquinarias y materiales. La Municipalidad también ha reorganizado los planes de trabajo, priorizando los reclamos de los vecinos.
El informe presentado reúne tanto las denuncias iniciales como las acciones correctivas implementadas hasta la fecha. Las denuncias apuntan al posible uso indebido de recursos municipales, como asfalto y maquinaria, en trabajos no relacionados con la institución.
El caso de la «Mafia del asfalto» ha expuesto un presunto esquema de corrupción en la Municipalidad de Asunción, que involucra el desvío de insumos públicos para el asfaltado de propiedades privadas. Según el interventor de la Dirección de Vialidad, Óscar Pérez, se estima que los funcionarios implicados habrían utilizado alrededor de 80 toneladas de asfalto destinado a obras públicas.