El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció un fortalecimiento de los controles sobre el gasto público y está implementando cambios en los sistemas de registro de las obligaciones del Estado. Estas acciones tienen como propósito evitar la acumulación de atrasos con proveedores y contratistas, y son parte del nuevo marco fiscal que se incorporará al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.
El equipo técnico del MEF presentó esta semana el informe de situación financiera, donde se detallaron las cuentas públicas y las medidas a tomar en los próximos años. El ministro Óscar Lovera informó que el PGN 2027 será presentado al Congreso Nacional el 1 de septiembre, aunque aún no se han divulgados cifras definitivas sobre ingresos, gastos, déficit y endeudamiento, las cuales se conocerán en esa ocasión.
Lovera también indicó que el nuevo escenario fiscal prevé un déficit del 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 y del 3,9% para 2027, con una meta de reducción a 1,8% del PIB para finales de su gestión. Durante la presentación, Nathalia Rodríguez y Marcelo Rodríguez, del equipo técnico del MEF, explicaron que el ajuste fiscal es necesario debido a la acumulación de obligaciones pendientes y a una aceleración en la ejecución de contratos que debían ser ejecutados en años posteriores.
Las medidas de contención incluyen limitar la ejecución del gasto en el presente ejercicio y evitar incrementos en relación con el año anterior. Aunque no se prevén cambios en la Ley de Responsabilidad Fiscal, el MEF considera emitir nuevos bonos para cubrir necesidades presupuestarias y obligaciones pendientes.
El MEF también implementará un control del gasto previo a la contratación de servicios con proveedores, y sugiere que las restricciones del Decreto N° 6120/2026 permitirán contener el crecimiento del gasto en aproximadamente 0,4% del PIB, con una brecha máxima de contención de unos 262 millones de dólares.
Con respecto a la gestión de las obligaciones del Estado, el MEF está avanzando hacia un sistema que permita un registro más eficiente y conforme a estándares internacionales. Se prevé que la regularización de atrasos con proveedores y contratistas se extienda hasta 2027, priorizando sectores esenciales como salud e infraestructura, aunque no se han especificado montos exactos de cancelación para cada año.