La Municipalidad de Villarrica atraviesa una grave crisis de liquidez, según lo denunciado por el intendente Ovidio Cuevas (ANR-HC). La situación se agrava con casi G. 3.000 millones bloqueados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debido a la falta de documentación adecuada.
Cuevas, quien asumió el cargo el 3 de julio tras la renuncia de Magín Benítez (PLRA), detalló que la comuna ha ejecutado un total de G. 21.854.820.652 entre el 2 de enero y el 3 de julio. Sin embargo, a pesar de haber recibido más de G. 726 millones en recaudación ordinaria durante el cambio de administración, la caja municipal quedó casi vacía.
La falta de rendiciones de cuentas se ha convertido en uno de los mayores desafíos. Cuevas enfatizó que la Municipalidad no cuenta con todos los comprobantes necesarios para justificar gastos, lo que ha llevado al MEF a retener los fondos correspondientes a transferencias de Fonae y royalties. Sin estos recursos, la institución enfrenta un importante obstáculo financiero.
La situación ha impactado directamente a los funcionarios municipales, quienes padecen retrasos en el pago de sus salarios. Hasta ahora, solo se han podido abonar los sueldos de junio, mientras que los de julio y agosto siguen pendientes. El intendente señaló que los pagos se realizan de forma fraccionada y dependen de la recaudación diaria, lo que ha generado tensiones con los empleados.
Además, la Municipalidad enfrenta dificultades para acceder a créditos del sector privado debido a una deuda morosa superior a G. 1.000 millones de la administración anterior. Esto limita aún más las opciones de financiamiento, dejando a la administración actual en una situación financiera crítica.
El equipo técnico de la Municipalidad está trabajando para recuperar y regularizar la documentación necesaria para presentar las rendiciones pendientes ante el MEF, con la esperanza de desbloquear los fondos. Sin embargo, Cuevas admitió que la falta de documentación de la gestión anterior complica este proceso.
Por otro lado, la crisis ha motivado a la Junta Municipal y al Ejecutivo a considerar acciones legales, incluyendo denuncias ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, para investigar posibles irregularidades y determinar responsabilidades. Se intentó contactar a exintendente Magín Benítez para obtener su versión, pero no se recibió respuesta.