La tensión entre el poder legislativo y el Ministerio Público se intensifica tras las críticas del senador Rafael Filizzola al fiscal general Emiliano Rolón. Este último ha rechazado abrir una investigación sobre amenazas contra la fiscala Patricia Sánchez.
El 25 de abril de 2026, el senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), arremetió contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. Filizzola lo calificó de “genuflexo” al considerar que no era necesario iniciar una investigación inmediata tras una denuncia de amenazas dirigida a la fiscala Patricia Sánchez.
La controversia comenzó cuando la fiscal Sánchez recibió amenazas que generaron alarma en diversos sectores políticos y judiciales. A pesar de la gravedad de la situación, Rolón defendió su decisión de no abrir un caso penal, argumentando que la información presentada carecía del peso suficiente para justificar una investigación.
Filizzola, en su respuesta, expresó su descontento y desconfianza en la gestión del fiscal general, sugiriendo que la postura de Rolón responde a una falta de independencia frente al poder político. “Como siempre, genuflexo al poder”, afirmó el senador, insinuando una posible complicidad o debilidad dentro de la estructura judicial.
El documento que reveló la identidad del denunciado, denominado Rivas, sigue sin respuesta oficial por parte de Rolón. Este silencio ha suscitado aún más críticas y especulaciones sobre la capacidad del Ministerio Público para actuar con transparencia y eficiencia en casos de amenazas.
La falta de acción por parte de la fiscalía también ha llevado a algunos analistas y figuras del ámbito judicial a cuestionar el compromiso de las instituciones en la defensa de los funcionarios públicos y la integridad del sistema judicial. Especialmente, en un contexto donde las amenazas a fiscales y jueces se han vuelto preocupantemente comunes.
Este incidente pone de manifiesto la urgencia de una revisión de protocolos dentro de la fiscalía y del papel que juegan tanto el poder legislativo como el judicial en la lucha contra la impunidad y la protección de quienes administran justicia en el país.
Las reacciones a este enfrentamiento entre Filizzola y Rolón podrían tener repercusiones en el futuro político y judicial de Paraguay, así como en la percepción pública sobre la efectividad de las instituciones en la protección de sus miembros. La situación continúa desarrollándose, y se espera que las próximas semanas traigan más novedades al respecto.