El comisario principal Diosnel Alarcón, a cargo del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen, confirmó que percibía una remuneración mensual del Grupo Vázquez por sus servicios de asesoramiento en seguridad informática. Esta situación se da en medio del escándalo que rodea a la entidad, que enfrenta grave crisis debido a irregularidades y denuncias de vaciamiento.
Otros uniformados involucrados en los pagos del Ueno Bank son efectivos de comisarías donde la empresa tiene propiedades de sus accionistas. Se alega que estos agentes iban más allá de su deber para proteger los activos del Grupo Vázquez, recibiendo sumas mensuales entre G. 2.000.000 y G. 2.500.000 como “regalito”.
Las acusaciones sobre irregularidades cometidas por los policías han sido remitidas a la dirección de Asuntos Internos, donde se llevará a cabo una investigación exhaustiva, según lo afirmado por el comandante César Silguero. Alarcón justificó su ingreso como asesor docente dedicado a prevenir robos y estafas informáticas, alegando que su labor beneficiaba a los empleados del Grupo Vázquez.
Por su parte, el suboficial mayor Derlis Francisco Gómez Silvero, quien figura en la Policía a cargo del Departamento Motorizada, fue señalado como guardaespaldas de Miguel Vázquez, el ex CEO del Grupo Vázquez. Gómez había asumido además tareas como transportador de grandes caudales de la empresa, recibiendo pagos significativos sin documentación que los respalde.
Testimonios de la Dirección de Talento Humano indican que Gómez pudo haberse involucrado con Vázquez desde 2019. Un dictamen del Departamento Jurídico, que data del 4 de noviembre de 2020, otorgó permiso para que un agente resguardara la seguridad de Vázquez tras amenazas de robo.
No obstante, los registros de la Policía no concuerdan con la existencia de un comisionamiento formal de Gómez para dicho servicio, sugiriendo que su envío al cargo pudo haberse realizado por orden directa de un jefe superior.
La crisis del Banco Ueno ha desencadenado la destitución del presidente Santiago Peña, actualmente detenido, y la imputación de exdirectivos del Banco Central del Paraguay, entre ellos, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding y Liana Caballero. Las implicaciones del caso continúan expandiéndose a medida que las investigaciones avanzan.
