Una escribana formalizó un poder general judicial y administrativo otorgado por Federico Miguel Vázquez Villasanti, empresario actualmente detenido en la investigación del caso Ueno Bank. Esta escritura fue realizada en el Centro Nacional de Prevenidos, conocido anteriormente como Penitenciaría Nacional de Tacumbú, el pasado 6 de noviembre, a pesar de las medidas cautelares impuestas sobre él y sus empresas.
Vázquez, en su calidad de presidente del Grupo Vázquez S.A., otorgó representación a seis abogados, quienes ahora tienen facultades para actuar en nombre de la empresa en diversas instancias judiciales y administrativas. Esta acción se realizó en un contexto delicado, ya que un día antes, el juez Rodrigo Estigarribia había ordenado su prisión preventiva y establecido restricciones sobre su patrimonio.
Los abogados designados incluyen a Milner Alfonso Sosa Silva, Dulce María Sosa Silva, Willians Dante Justiniano, Ricardo Miguel Fernández Olmedo, Isamar Rossana Fariña Sosa y Mauricio Javier Ozuna Samudio. Tienen la facultad de promover acciones judiciales, contestar demandas y representar a la empresa ante diferentes autoridades, además de gestionar embargos y otros trámites administrativos.
El poder fue emitido bajo la Escritura Pública N.º 232, y se menciona que las facultades otorgadas no pueden ser revocadas por la intervención personal de Vázquez, lo que sugiere un intento de mantener el control sobre los asuntos de la empresa a pesar de su situación legal.
Las medidas cautelares impuestas por el juez no solo afectan a Vázquez, sino que también se amplían a otras diez empresas vinculadas a su conglomerado. Esta ampliación incluye la prohibición de enajenar y gravar bienes, así como la inmovilización de cuentas bancarias, lo que intensifica el control sobre sus activos.
El Banco Central del Paraguay (BCP) también ha intervenido en el caso Ueno Bank, informando que todos los poderes vigentes perderán su validez tras el inicio del procedimiento de resolución del banco. Según la normativa vigente, ninguno de los poderes otorgados por la entidad tendrá efectos legales desde ese momento.
La investigación apunta a que Ueno Bank habría realizado préstamos irregulares a sociedades relacionadas, incluyendo montos elevados sin garantías adecuadas. El Ministerio Público ha señalado la transferencia de recursos a empresas del Grupo Vázquez para cubrir obligaciones financieras, lo cual se encuentra bajo análisis.
La directora del Registro Unificado Nacional (RUN) ha confirmado que han identificado más de 800 inmuebles y 160 vehículos vinculados al caso, y la situación podría cambiar a medida que avancen las investigaciones y se incorporen nuevas restricciones judiciales.
