El Instituto de Previsión Social (IPS) quedó nuevamente envuelto en una fuerte controversia tras revelarse que operó durante años con sistemas contables paralelos, una práctica cuestionada por organismos de control y que derivó en observaciones millonarias, debilidades de fiscalización y millonarias adjudicaciones para plataformas informáticas.
Informes de auditoría, observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) y evaluaciones internas detectaron que la previsional utilizó simultáneamente distintos mecanismos de control financiero, pese a que la normativa nacional establece que las instituciones públicas deben operar exclusivamente bajo el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAF), administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Las irregularidades habían sido advertidas ya en 2024 por la Contraloría durante la administración de Jorge Brítez. Sin embargo, en medio de ese escenario, el IPS terminó adjudicando más de G. 122.765 millones para la renovación, mantenimiento y ampliación de plataformas tecnológicas vinculadas al sistema SAP y a infraestructura informática.
Del total, G. 112.372 millones fueron destinados a la firma Infocenter SA para la implementación y mantenimiento de un sistema integral de gestión de aportes y recaudación, mientras que otros G. 10.395 millones fueron adjudicados a Softshop SA para infraestructura de hardware.
Según los informes técnicos, el IPS operaba con el sistema SAP y, paralelamente, con el sistema estatal SIAF, situación considerada incompatible con las normas de control gubernamental. Incluso se menciona la coexistencia de otros registros históricos utilizados anteriormente, como el sistema INGRID.
El auditor general del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, sostuvo que la coexistencia de plataformas representa una transgresión directa a la Ley 1535 de Administración Financiera del Estado, que obliga a todas las entidades públicas a utilizar un único sistema oficial de control financiero.
El nuevo director de Auditoría Interna del IPS, Walter Laguardia, confirmó que actualmente se realiza una revisión integral de los mecanismos de control de la previsional y adelantó que recomendará eliminar el esquema de doble registro.
El funcionario explicó que las operaciones económicas primero eran cargadas en SAP y posteriormente migradas al sistema oficial del Ministerio de Economía, una dinámica que, según expertos, podría provocar inconsistencias, diferencias contables y menor capacidad de control sobre compras, movimientos financieros y fondos institucionales.
Laguardia advirtió además que la coexistencia de sistemas constituye una debilidad importante en materia de control interno para una institución del tamaño del IPS y remarcó que la práctica «no es recomendable» desde el punto de vista de la auditoría gubernamental.
Las observaciones de la Contraloría también revelaron diferencias multimillonarias vinculadas a certificados de depósitos de ahorro en entidades intervenidas. Un informe detectó una discrepancia de G. 13.395 millones entre balances, inventarios físicos y registros contables históricos, situación atribuida justamente a la utilización simultánea de distintos sistemas financieros.
El software SAP contratado por el IPS administra actualmente datos de aproximadamente 1.600.000 asegurados y unas 93.000 empresas aportantes, además de gestionar recaudaciones mensuales que rondan los USD 130 millones y el historial de aportes y deudas de los contribuyentes.
El contrato con las empresas adjudicadas tendría vigencia hasta el año 2028, mientras las nuevas autoridades buscan redefinir el modelo de control interno y transparentar los procesos administrativos dentro de la previsional.
