La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) ha sido objeto de críticas por el alto gasto en funcionarios comisionados. Según datos recientes, el 32% de estos trabajadores está asignado a gobernaciones, mientras que casi el 30% se destina a ministerios y empresas estatales. La Gobernación de Misiones destaca como la que más comisionados tiene, con siete funcionarios que incluso perciben salarios superiores al del gobernador.
Además, cerca del 28% de los comisionados trabaja en municipios, y otros destinos incluyen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entre los comisionados con las remuneraciones más elevadas se encuentra Rodrigo Pesoa Nardi, quien recibe G. 52 millones al mes, compuesto por un salario base de G. 22 millones y una bonificación de G. 30 millones. También destaca el exdiputado Pablino Rodríguez Arias, que percibe más de G. 47 millones mensuales, aunque se ha señalado que no realiza funciones en la Cámara de Diputados.
Otro caso notable es el de Liza Concepción Acosta Ávalos, quien cobra casi G. 47 millones y está comisionada a la Municipalidad de Capiatá. Estos tres funcionarios representan más de G. 145 millones mensuales para la EBY, un gasto significativo en comparación con otros salarios en la administración pública.
En total, hay 96 funcionarios dentro de la EBY que ganan más que el presidente Santiago Peña. Luis Benítez, presidente de la EBY, recibió en junio un total de G. 180.055.475, incluyendo bonificaciones que superan los G. 100 millones. Varios consejeros también tienen salarios superiores a G. 160 millones mensuales.
Este patrón de sobresueldos se ha mantenido en el tiempo y beneficia a personas afines al partido en el poder. Se estima que seis funcionarios en particular representan un gasto conjunto de aproximadamente G. 962 millones mensuales, lo que equivale a G. 12.506 millones anuales.
La EBY también otorga gratificaciones de hasta G. 20 millones a comisionados de otras instituciones, lo que incrementa aún más el costo de esta estructura. Este contexto subraya la problemática de la gestión de recursos públicos en Paraguay y la necesidad de una revisión más exhaustiva de los gastos en la administración estatal.