El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ha iniciado una investigación penal contra Basilio Gustavo Núñez Giménez, conocido como «Bachi», actual presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional. La investigación se centra en acusaciones de corrupción que incluyen la supuesta comisión de lesión de confianza, tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios.
El agente fiscal Néstor Coronel, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, ha sido designado para llevar a cabo la pesquisa, que comenzó tras una denuncia presentada el 4 de mayo de 2026 por Francisco Rubén Panyo Almada, un funcionario del Congreso. Desde junio, Coronel ha estado recopilando elementos relacionados con el caso y ha informado que la denuncia inicial se amplió posteriormente.
En el marco de la investigación, Coronel ha recibido informes de la Contraloría General de la República sobre sobresueldos que Núñez habría cobrado, y ha elevado consultas al Ministerio de Economía y Finanzas para determinar su participación en la contratación de funcionarios en el Congreso. La denuncia menciona al menos 300 personas que habrían sido contratadas durante la gestión de Núñez.
Las acusaciones incluyen la incorporación masiva de funcionarios, muchos de los cuales estarían vinculados al partido político Honor Colorado, del que Núñez es parte. Se señala que estas designaciones se realizaron sin los procesos de admisión adecuados, lo que podría haber vulnerado principios de igualdad de oportunidades.
Además, la denuncia alega que Núñez recibió bonificaciones mensuales que ascienden a G. 21.100.950, lo que supera la remuneración del Presidente de la República y podría romper la jerarquía salarial del Estado.
En una ampliación de la denuncia, se detallan los movimientos de personal en el Congreso y el Senado entre mayo de 2024 y abril de 2026. Los datos preliminares indican un aumento del 12,85% en el número de funcionarios, con 259 personas más en la nómina, lo que sugiere un incremento significativo de incorporaciones bajo la administración de Núñez.
El denunciante argumenta que, de las 795 entradas institucionales brutas identificadas, 593 corresponden a nuevos funcionarios que no estaban en las instituciones antes de julio de 2024. Estas cifras se contrastan con 536 salidas registradas durante el mismo periodo, lo que incluye no renovación de contratos y jubilaciones.
La investigación continúa en desarrollo, y se están realizando diligencias para determinar las acciones procesales que se tomarán en relación con Núñez.