Tras intensas jornadas de manifestaciones y presiones, los 15 concejales de la bancada colorada lograron quórum este viernes en la Junta Municipal de Asunción para una sesión extraordinaria en la que se aprobó el polémico contrato colectivo firmado por el intendente Luis Bello con tres sindicatos. La discusión del contrato se realiza a pocos días de las elecciones municipales, previstas para el 4 de octubre, lo que añade una dimensión electoral a la situación, considerando que más de 9.000 funcionarios dependen de la decisión.
La homologación del contrato fue impulsada por el intendente Bello y los sindicatos Simuca, Sitrama y Sinoema. La entrada del documento en la Junta Municipal se produjo en un ambiente de alta tensión, tras dos jornadas de protestas por parte de los sindicatos, que incluyeron la ocupación de dependencias clave y el cierre temporal de la avenida Mariscal López.
La sesión de este viernes se caracterizó por la reaparición de concejales colorados que habían estado ausentes en las sesiones previas, asegurando así los votos necesarios para enviar el expediente a la comisión de Legislación. A esta reunión asistieron numerosos funcionarios municipales que, con gritos y cánticos, presionaron a los concejales opositores, a la vez que celebraban el quórum logrado.
Desde la oposición, se denunció una «bajada de línea» del candidato oficialista Camilo Pérez, acusando al oficialismo de maniobras para evitar el debate. El concejal Álvaro Grau señaló que la unidad de los concejales colorados era evidente y criticó la forma en que se había organizado la sesión. Su compañero Humberto Blasco también cuestionó la falta de acceso a la información del contrato y la posibilidad de aprobarlo sin haberlo leído.
Gladys Galeano, secretaria general del Simuca, defendió la legalidad del acuerdo y desestimó las acusaciones de politización. Afirmó que se trataba de una actualización necesaria de un beneficio laboral con más de tres décadas de vigencia. Galeano rechazó acusaciones de haber coordinado con Pérez y justificó el acuerdo como producto de reuniones previas con los concejales.
El conflicto en la Junta Municipal desató una serie de tensiones debido a dos intentos fallidos de reunir quórum en días anteriores, lo que evidenció fisuras en la estrategia del oficialismo frente a las demandas de los sindicatos. Durante las protestas, los funcionarios bloquearon accesos importantes y amenazaron con un paro general indefinido y un «voto castigo» en las próximas elecciones.
Finalmente, el expediente fue ingresado a la comisión de Legislación, donde se continuará discutiendo su viabilidad financiera y político-administrativa en el contexto electoral asunceno. Entre los puntos destacados del nuevo contrato colectivo, se incluye un incremento en la compensación por terminación de la relación laboral y mejoras en la bonificación por antigüedad, así como aumentos en los incentivos económicos para la profesionalización de los funcionarios.