Las empresas del Grupo de Consumo Intensivo Especial (GCIE), que incluyen criptomineras y centros de datos de inteligencia artificial, han solicitado una extensión de 10 años en sus contratos de energía con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Esta petición se opone a la postura de la ANDE, que ha establecido el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para el régimen tarifario actual. Gabriel Lamas, presidente de operaciones de Hive Technologies en Paraguay, destacó el mecanismo de «modulación» que permite a su sector ceder el suministro durante las horas pico para priorizar la demanda residencial e industrial.
Lamas subrayó que su empresa acepta esta condición contractual, que es común en la industria global, y afirmó que no compiten por el uso de energía, sino que se apagan para que otros puedan utilizarla. Hive Digital Technologies, que cotiza en múltiples bolsas, busca aumentar su presencia en el mercado local, con planes de listar sus acciones en la Bolsa de Valores de Asunción.
Con una infraestructura que incluye dos centros de datos en Paraguay, Hive tiene una capacidad instalada de 300 megavatios, distribuidos entre Colonia Yguazú y Valenzuela. La compañía emplea a 250 personas, la mayoría jóvenes, y ha logrado mejoras tecnológicas significativas en sus operaciones. La empresa aspira a alcanzar los 1,000 megavatios contratados en un plazo de cinco años, contribuyendo así al plan 2X del presidente Santiago Peña para duplicar el PIB del país.
El impacto económico de la industria de criptominería es considerable; se estima que generará ingresos de divisas equivalentes al 40% de la facturación total de la ANDE en 2026, aproximadamente 350 millones de dólares al año. Lamas enfatizó que la previsibilidad en los contratos es crucial para facilitar inversiones y el crecimiento del sector.
Además, el sector está en la búsqueda de un tarifario específico para la inteligencia artificial, un área donde los costos son significativamente más altos. Hive planea incorporar 100 megavatios para inteligencia artificial en Yguazú para 2027, lo que aumentaría su capacidad total a 400 megavatios.
Lamas también resaltó la necesidad de tarifas competitivas para atraer inversiones en el sector de criptomonedas y destacó que otras regiones, como Texas, están captando inversiones gracias a su infraestructura y tarifas. En contraste, la industria de criptominería en Paraguay se enfrenta a la competencia de proyectos en países como Venezuela, que están reactivando su infraestructura eléctrica a precios competitivos.
A medida que la industria se expande, el impacto en el PIB podría ser significativo, con potencial de alcanzar hasta el 4% si se cumplen las metas de expansión. Esto se traduce en generación de empleo y un efecto derrame en la economía local, ya que por cada dólar invertido en este sector se estima que hay un retorno de 3.7 dólares en la economía.