Alrededor de las 23:00 de este martes, el Tribunal de Sentencia, presidido por Luis Ovelar y acompañado por Andrea Riquelme y Víctor Vera, emitió las condenas para cinco adultos involucrados en el feminicidio de María Fernanda Benítez, ocurrido en mayo del año pasado en Coronel Oviedo. La decisión fue el resultado de una jornada que incluyó las palabras finales de los acusados y un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas durante el juicio.
La primera condena fue para Chiara Mikhaella Rolón Melgarejo, amiga del principal sospechoso, quien recibió 10 años de prisión por instigación a cometer feminicidio. Los otros cargos de omisión de aviso y apología del delito no fueron probados. Rolón permanecerá recluida en el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad (COMPLE), y se espera que su pena sea cumplida hasta junio de 2035.
El Tribunal también condenó por mayoría a Franco Antonio Acosta Céspedes, suegro del principal sospechoso, a tres años de prisión por no haber denunciado el crimen, a pesar de tener información relevante. La condena se sustenta en evidencias de circuito cerrado que lo vinculan a la ocultación de la motocicleta utilizada en el homicidio. El juez Víctor Vera expresó su disidencia, argumentando que los actos del suegro no cumplían con los elementos del tipo penal.
Franco Antonio Acosta, propietario de una farmacia, fue condenado a cinco años de prisión por tentativa de aborto y frustración de la persecución penal, debido a su implicación en la venta de medicamentos abortivos a la víctima. Esta pena superó el pedido inicial de la Fiscalía, que solicitó cuatro años.
Los padres del principal sospechoso también fueron condenados a cuatro años y seis meses de prisión cada uno por simulación de hecho punible y exposición al peligro. Se les acusó de haber denunciado falsamente la desaparición de su hijo, a pesar de saber su paradero, y de permitir que un menor manejara una motocicleta.
Tras la lectura de las condenas, Nilda Martínez, madre de María Fernanda, expresó su descontento, afirmando que las penas son insuficientes y que esperaba una condena máxima de 30 años. Leandro Benítez, padre de la víctima, también mostró su frustración, señalando que la falta de evidencias afectó el proceso judicial. Ambos padres anunciaron que evaluarán nuevas acciones legales, considerándolo un «doble crimen» y una burla para la sociedad.