Cinco de los nueve procesados en la causa que investiga un presunto perjuicio de G. 61.000 millones al Instituto de Previsión Social (IPS) recuperaron la libertad ambulatoria, luego de que el juez Rodrigo Estigarribia considerara que no existen razones suficientes para mantenerlos privados de libertad.
Los beneficiados son el expresidente del IPS Jorge Brítez, la exasesora jurídica Rosa Colmán, el exdirector de Mantenimiento José Raúl Coronel, el exgerente de Abastecimiento y Logística Hugo Aranda y el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones Juan Manuel Villar López.
Al analizar las medidas cautelares, el magistrado concluyó que ninguno de los procesados representa un riesgo concreto para la investigación. Señaló que el caso lleva varios años en trámite y que la Fiscalía ya incorporó una importante cantidad de documentos e informes, sin que existan diligencias pendientes que requieran mantener a los imputados en prisión.
Para asegurar su sometimiento al proceso y reducir el riesgo de fuga, Estigarribia impuso una caución de G. 500 millones a cuatro de los procesados. En el caso de Jorge Brítez, la fianza fue establecida en G. 1.000 millones.
La investigación involucra a Bataglia y Brítez, además de otros funcionarios, por un supuesto perjuicio patrimonial vinculado a la contratación de obras para la instalación y adecuación de quirófanos modulares y sistemas de paneles solares.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, durante la ejecución del contrato se habrían firmado adendas para ampliar los plazos y posteriormente emitido actas de recepción que posibilitaron nuevos pagos a Neighpart S.A., pese a que las prestaciones previstas no podían ser ejecutadas en las condiciones establecidas.
