La intervención de legisladores nacionales en asuntos relacionados con el sistema bancario paraguayo generó una controversia política e institucional que alcanzó su punto más alto este jueves 8 de octubre, con la apertura de un informe del Banco Central del Paraguay (BCP) remitido a la Cámara de Senadores. El episodio estuvo marcado por cuestionamientos públicos, filtraciones de información y sucesivos cambios de decisión sobre el tratamiento de la documentación.
La discusión involucró principalmente a parlamentarios del oficialismo colorado y se desarrolló en medio de versiones sobre disputas entre sectores políticos y grupos empresariales vinculados al negocio financiero. La exposición pública de las actuaciones regulatorias provocó cuestionamientos sobre el manejo de información sensible y sus posibles efectos sobre la confianza de los depositantes.
El propio Banco Central intervino públicamente para aclarar que el sistema financiero paraguayo funciona con normalidad, mientras que el presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, reconoció la necesidad de evitar situaciones que pudieran generar alarma entre los ahorristas.
La controversia también puso bajo discusión el alcance de los pedidos de informes parlamentarios y la responsabilidad de quienes administran documentación relacionada con entidades financieras, cuyas operaciones están sujetas a mecanismos especializados de supervisión y control.
Cinco pedidos de informes abrieron la controversia
La Cámara de Senadores había solicitado al Banco Central información sobre distintas operaciones del sistema financiero mediante las resoluciones P.I. N.º 109, 134, 136, 137 y 139.
Los requerimientos abarcaron aspectos relacionados con operaciones crediticias, empresas vinculadas, fusiones y absorciones bancarias, fondos públicos, recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y actuaciones de supervisión sobre distintas entidades.
La respuesta oficial fue remitida el miércoles 7 de octubre mediante una nota firmada por el presidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding, acompañada de un documento de 31 páginas entregado en sobre cerrado.
La documentación incluía información relativa a distintas instituciones financieras, entre ellas ueno bank, Sudameris, GNB, Continental, Atlas, Familiar e Itaú.
La intervención parlamentaria coincidió con una serie de publicaciones y cuestionamientos sobre determinadas operaciones bancarias, lo que contribuyó a ampliar la discusión hacia el terreno político.
En ese contexto, surgieron versiones sobre una posible disputa de intereses entre grupos empresariales y sectores del oficialismo. Sin embargo, tales interpretaciones no constituyen por sí mismas evidencia de que los pedidos de informes respondieran a motivaciones ajenas al control parlamentario.
ueno bank adoptó medidas correctivas requeridas por el BCP
Uno de los aspectos relevantes de la respuesta oficial se refiere a las verificaciones realizadas por la Superintendencia de Bancos sobre operaciones de ueno bank con empresas vinculadas.
El informe confirma que el organismo supervisor identificó situaciones que requerían ajustes y que la entidad financiera adoptó medidas para adecuar determinadas exposiciones crediticias a los límites prudenciales establecidos en la normativa bancaria.
La documentación señala que, tras analizar diferencias entre registros, la Superintendencia formuló un requerimiento de adecuación el 5 de junio de 2026. Posteriormente, ueno bank comunicó que el 15 de junio se había encuadrado dentro de los límites identificados, conforme al plazo legal aplicable.
Las verificaciones continuaron y, el 24 de julio, el organismo supervisor requirió incorporar otras sociedades al grupo de empresas vinculadas y recalcular la exposición crediticia consolidada.
De acuerdo con la respuesta del BCP, la entidad incorporó las sociedades señaladas y realizó los ajustes necesarios para adecuar sus operaciones a los límites prudenciales.
El documento también menciona un sumario administrativo en curso relacionado con una operación de venta de cartera de créditos, procedimiento que debe distinguirse de las adecuaciones ya efectuadas y que no constituye una sanción firme.
La información permite establecer que existieron observaciones regulatorias, requerimientos de adecuación y medidas correctivas adoptadas por la entidad. Estos procedimientos deben diferenciarse de los indicadores generales de solvencia y liquidez, cuya evaluación corresponde a las autoridades especializadas.
El presidente de ueno bank, Juan Manuel Gustale, también había reconocido públicamente la existencia de requerimientos regulatorios y acciones correctivas, que situó dentro de los mecanismos habituales de supervisión del sistema financiero.
Basilio Núñez cambió tres veces la decisión sobre el informe
La controversia adquirió mayor dimensión este jueves, cuando el presidente del Congreso, Basilio Núñez, anunció inicialmente que el documento remitido por el BCP permanecería cerrado hasta el lunes 12 de octubre.
Durante una conferencia de prensa, el legislador explicó que la documentación sería analizada por la Mesa Directiva del Senado con acompañamiento de asesores jurídicos, debido a las disposiciones legales sobre confidencialidad de información bancaria.
Núñez sostuvo que el sobre debía permanecer resguardado y expresó su preocupación por las consecuencias que podría provocar una divulgación inadecuada de información financiera.
Ante los cuestionamientos por la postergación, el titular del Congreso modificó la convocatoria y anunció que la reunión se adelantaría al viernes 9 de octubre.
Sin embargo, posteriormente volvió a cambiar la decisión y procedió a abrir el sobre durante la jornada del jueves, en presencia de integrantes de la Mesa Directiva y representantes de la prensa.
La apertura se produjo cuando el contenido del informe ya circulaba públicamente, después de las filtraciones registradas durante las horas previas.
El titular del Congreso dispuso entonces que se realizaran copias y versiones digitalizadas para facilitar el estudio de la documentación por parte de los legisladores.
Los cambios sucesivos en el procedimiento generaron interrogantes sobre los criterios utilizados para administrar un informe que inicialmente había sido presentado como información que requería especiales medidas de reserva.
Advierten sobre el riesgo de generar alarma financiera
El tratamiento público de la documentación también instaló una preocupación relacionada con los posibles efectos de las controversias políticas sobre la confianza en el sistema bancario.
Durante su intervención, Basilio Núñez advirtió que una divulgación irresponsable de información podía provocar una reacción de los depositantes y utilizó la expresión «terrorismo financiero» para referirse al riesgo de generar una alarma injustificada.
La advertencia se produjo en un escenario de intensa exposición mediática de las operaciones de distintas entidades financieras.
En términos regulatorios, las observaciones, requerimientos de adecuación y procedimientos administrativos forman parte de las herramientas de supervisión bancaria. Su existencia no implica automáticamente que una entidad presente problemas de solvencia o liquidez, ni que los depósitos de sus clientes se encuentren comprometidos.
La senadora Lilian Samaniego también expresó preocupación por posibles retiros de ahorros durante la jornada. No obstante, no se difundieron cifras oficiales que permitan establecer la existencia de una salida masiva de depósitos como consecuencia de la controversia.
La distinción resulta relevante porque las afirmaciones públicas sobre el funcionamiento de los bancos pueden influir en las decisiones de clientes, empresas e inversionistas.
La función de control del Congreso se encuentra reconocida legalmente, pero su ejercicio en materias financieras requiere considerar las disposiciones de confidencialidad y las competencias técnicas del organismo regulador.
BCP ratificó que el sistema financiero funciona con normalidad
Ante la repercusión del informe y los cuestionamientos surgidos durante la jornada, el Banco Central del Paraguay difundió un pronunciamiento en el que aseguró que el sistema financiero nacional funciona con normalidad.
La institución recordó que responder pedidos de información del Congreso constituye un procedimiento habitual y reiteró su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
El mensaje buscó diferenciar la remisión de antecedentes regulatorios de cualquier interpretación relacionada con una eventual crisis bancaria.
Tras la apertura del documento, Basilio Núñez también transmitió tranquilidad sobre la situación del sector y aseguró que el sistema financiero paraguayo goza de buena salud.
El senador Antonio Barrios coincidió en que el sistema bancario no presenta problemas y explicó que los requerimientos parlamentarios respondieron a inquietudes que debían ser aclaradas por las autoridades competentes.
Las manifestaciones se produjeron después de una jornada caracterizada por la expectativa generada alrededor del contenido del informe y las discusiones sobre su divulgación.
Las disputas políticas también alcanzaron la discusión bancaria
La intervención de los legisladores se desarrolló en un contexto de diferencias dentro del oficialismo colorado y cuestionamientos sobre la relación entre sectores políticos y empresariales.
La senadora Lilian Samaniego planteó que la controversia podía estar relacionada con una disputa de poder entre sectores del propio oficialismo.
Basilio Núñez, por su parte, rechazó las interpretaciones que vinculaban los pedidos de informes con un enfrentamiento político y defendió las atribuciones del Congreso para solicitar información a las instituciones públicas.
Las posiciones reflejaron las diferencias existentes sobre el alcance y las motivaciones de la intervención parlamentaria.
No obstante, las versiones sobre intereses corporativos o enfrentamientos internos requieren elementos verificables para establecer si tuvieron alguna incidencia concreta en la formulación de los requerimientos.
La discusión también puso de manifiesto la importancia de diferenciar las atribuciones políticas de fiscalización de las funciones de supervisión bancaria, que corresponden al Banco Central y sus organismos especializados.
El Senado convocó al Banco Central para aclarar el informe
La Mesa Directiva del Senado convocó para este viernes 9 de octubre, a las 10:00, una reunión reservada con autoridades del Banco Central del Paraguay.
Está prevista la participación del presidente del organismo, Carlos Carvallo Spalding, y del superintendente de Bancos, quienes deberán explicar el contenido de la documentación y responder las consultas de los parlamentarios.
El encuentro permitirá examinar los procedimientos de supervisión y los requerimientos regulatorios incluidos en las respuestas remitidas al Congreso.
También ofrecerá la posibilidad de aclarar el alcance de las actuaciones administrativas y distinguir las observaciones técnicas de las interpretaciones surgidas durante la controversia pública.
El tratamiento del informe deja planteado un debate sobre la necesidad de compatibilizar las atribuciones de fiscalización parlamentaria con el resguardo de información sensible y la estabilidad de las expectativas financieras.
La actuación de los organismos de control, las medidas correctivas adoptadas por las entidades y los eventuales procedimientos administrativos deben ser analizados conforme a la normativa vigente y a los antecedentes verificables.
En ese marco, la responsabilidad institucional no se limita a obtener información, sino que también comprende la precisión con que se comunica a la ciudadanía, particularmente cuando se trata de asuntos que pueden afectar la confianza de los usuarios del sistema bancario.
