La reciente expansión de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ha reavivado el debate sobre su eficacia y la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país. Originalmente establecida para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la FTC ahora opera en los 14 departamentos de la Región Oriental, sin que su despliegue haya logrado desmantelar la estructura criminal existente.
El doctor en criminología Juan Martens, experto en crimen organizado, señala que el problema radica en la necesidad de mantener a las Fuerzas Armadas como un actor esencial en la seguridad interior. Según Martens, el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) de la FTC maneja un presupuesto anual que oscila entre 8 y 14 millones de dólares. Considera que la falta de resultados en la captura de un grupo reducido de criminales plantea dos hipótesis: una ineficacia total o un interés en mantener el flujo de fondos sin lograr neutralizar a los sospechosos.
Martens subraya que si la FTC no logra atrapar a catorce personas con semejante inversión, es “un chiste, es una vergüenza”. Este modelo, a su juicio, sugiere una necesidad de que los grupos armados sigan existiendo para justificar el presupuesto militar.
Desde su creación en 2013, la FTC ha ampliado su presencia desde los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, hasta abarcar toda la Región Oriental, incluyendo Itapúa, Misiones y Ñeembucú. Sin embargo, Martens critica que, aunque el territorio militarizado se ha expandido, la situación de seguridad no ha cambiado.
Además, la intervención militar en funciones civiles y de seguridad, como la protección de penitenciarías y operaciones contra el microtráfico en ciudades como Pilar, contraviene la Constitución Nacional, que asigna la seguridad interna a la Policía Nacional. Este giro hacia un manejo autoritario de la seguridad preocupa a los analistas.
La exministra de Seguridad, Cecilia Pérez, también ha expresado su preocupación, indicando que el EPP no solo no se ha debilitado, sino que ha fortalecido su estructura y ha establecido alianzas con el crimen organizado. Pérez critica la falta de coherencia en las declaraciones del gobierno, que han cambiado de calificar a los sospechosos como “narcotraficantes” a reconocer una convergencia entre el terrorismo y el narcotráfico.
Pérez advierte que la FTC ha cambiado su enfoque de un esquema antiterrorista a uno centrado en el crimen organizado sin una planificación adecuada. Resalta las contradicciones en los discursos oficiales sobre el estado del EPP y su relación con el narcotráfico.
Finalmente, Pérez señala una ruptura en la coordinación entre entidades clave, como la Policía Nacional y la SENAD, además de la suspensión de las colaboraciones que anteriormente existían con Brasil, lo que podría agravar la situación de seguridad en la región.