La Cámara de Diputados se enfrenta a una controversia sobre la gravedad de los delitos, al considerar dos proyectos de ley que buscan aumentar las penas por abigeato y corrupción en la función pública. La paradoja radica en que el robo de ganado podría recibir un castigo más severo que el desfalco al Estado, que afecta directamente a la salud y la educación de la población.
El proyecto presentado por el diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté) para aumentar las penas por corrupción lleva más de un año en la Cámara sin avanzar, mientras que la iniciativa para endurecer las sanciones por abigeato, presentada en mayo, ya cuenta con dictámenes favorables y podría ser discutida en sesión ordinaria la próxima semana. Este desinterés por abordar la corrupción se refleja en el rechazo previo de iniciativas que buscaban declarar imprescriptibles los delitos de este tipo.
Ambos proyectos equiparan las penas máximas en 15 años. Sin embargo, el daño patrimonial causado por la corrupción del IPS, que se estima en G. 63.000 millones, contrasta con el perjuicio del robo de ganado, sugiriendo que para los legisladores la gravedad de ambos delitos podría no ser la misma.
Las modificaciones propuestas para el Código Penal incluyen un aumento significativo en las penas para varios delitos relacionados con la corrupción, como la lesión de confianza y el cohecho. Estos cambios buscan sancionar más severamente a los funcionarios públicos que cometan delitos en el ejercicio de sus funciones.
El abigeato, actualmente penado hasta con 10 años de cárcel, se elevaría a 15 años en casos que involucren a funcionarios públicos o que se realicen de manera organizada. Este endurecimiento de las penas también incluye sanciones para quienes colaboren logísticamente en el delito.
En un contexto donde la Cámara Baja ha sido criticada por proteger a sus miembros, el caso del diputado Esteban Samaniego ilustra la resistencia a la rendición de cuentas. Samaniego enfrenta múltiples pedidos de desafuero relacionados con casos de corrupción, que siguen congelados en la Cámara.
Mientras tanto, otros legisladores como Mauricio Espínola han renunciado a sus fueros en casos de homicidio, lo que refleja una pequeña apertura a la rendición de cuentas, aunque muchos de los pedidos de desafuero siguen sin respuesta. La discusión sobre el aumento de penas por abigeato y corrupción podría ser un reflejo del verdadero compromiso de la Cámara con la justicia y el bienestar del país.