La Coordinadora de Víctimas reclama justicia por despojo salarial
El 28 de julio de 2026, la Coordinadora de Víctimas emitió un contundente comunicado en el que denuncia la mora judicial en los procesos relacionados con la exjueza Carmen Analía Cibils Miñarro, implicada en el despojo de salarios de trabajadores. La organización exige el rastreo de los bienes no justificados de la exmagistrada y una indemnización para los afectados.
El Tribunal de Apelación de la Capital ha confirmado la elevación a juicio oral de una de las causas que involucran a Cibils, sin embargo, los afectados muestran su preocupación por el lento avance del caso. Consideran que la velocidad de las investigaciones no está a la altura de los daños causados.
Expertos de la Contraloría General de la República han elaborado un dictamen técnico que respalda las denuncias de los afectados. La Coordinadora espera que el Poder Judicial y el Ministerio Público actúen de oficio para investigar los presuntos delitos económicos cometidos por la exjueza.
El comunicado destaca la necesidad de una auditoría patrimonial y el rastreo de activos, ya que se sospecha un enriquecimiento ilícito por parte de los implicados. “Hay claros indicios de una red criminal que ha despojado sistemáticamente a la ciudadanía”, se afirma en la denuncia.
Una de las peticiones que ha generado mayor indignación entre los afectados es la suspensión condicional del procedimiento para los exjueces notificadores Audrey Jazmín Galeano Mora y Alfredo René Benítez Cabrera. Estos funcionarios, quienes ejecutaban embargos, son considerados piezas clave en el esquema de despojo.
La Coordinadora de Víctimas califica de insuficientes las medidas aprobadas por el Ministerio Público, que consisten en una donación de dinero y reglas de conducta mínimas. Según los denunciantes, estas no son una reparación justa para las familias afectadas, quienes perdieron su sustento.
Finalmente, las víctimas demandan que el Estado paraguayo implemente mecanismos eficaces para garantizar la restitución y la indemnización económica de los obreros que fueron afectados por este delito. La organización sostiene que esta es una condición irrenunciable para avanzar hacia la justicia.