La muerte de Lorenzo Salgado, un mexicano abatido por la policía de inmigración estadounidense (ICE) en Houston, ha generado una fuerte reacción del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Hasta la fecha, la respuesta mexicana frente a las acciones de Estados Unidos se había limitado a denuncias formales y a tratar temas como el comercio y la seguridad, dejando de lado la violencia contra inmigrantes. Sin embargo, el incidente con Salgado, un obrero de la construcción que residía en EE. UU. durante más de treinta años y que no era el objetivo de la redada, ha llevado a la administración mexicana a adoptar una postura más combativa.
Sheinbaum ha elevado el tono de las declaraciones, afirmando que “no se permitirán malos tratos” y ha prometido emprender “acciones legales importantes” en respuesta a la brutalidad policial. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha anunciado que ya están en marcha diversas medidas legales relacionadas con el caso. Esta situación representa un punto de inflexión en la relación entre México y Estados Unidos, especialmente en un contexto ya tenso bajo la administración Trump.
El asesinato de Salgado no solo ha puesto de manifiesto las preocupaciones sobre el tratamiento de los inmigrantes, sino que también ha reforzado la intención del Gobierno mexicano de enfrentar de manera más firme las injusticias y la violencia ejercida por las autoridades estadounidenses, lo que podría complicar aún más la dinámica diplomática entre ambos países.
