El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado en una investigación relacionada con el presunto blanqueo de un rescate público de 53 millones de euros entregado a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia. Las acusaciones incluyen pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsificación de documentos. El juez José Luis Calama, del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, investiga el destino de esos fondos y también a los propietarios de la aerolínea, que tienen vínculos con Venezuela.
Zapatero está citado para declarar el próximo 2 de junio. Fuentes de la investigación han confirmado a EL PAÍS que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha iniciado un operativo: se están llevando a cabo registros en el despacho de Zapatero, en el de su empresa familiar y en otros dos negocios relacionados.
Este caso ha suscitado un notable interés mediático debido a la figura pública de Zapatero y a la gravedad de las acusaciones. La investigación por blanqueo de capitales implica un análisis exhaustivo del manejo de recursos públicos y los posibles vínculos con actividades delictivas, lo que podría tener implicaciones serias en el ámbito político y social en España. La atención se centrará en el desarrollo de la investigación y en las declaraciones que Zapatero ofrecerá ante el juez, así como en las repercusiones que esto podría tener en su legado político.
