Durante la defensa del presupuesto de las universidades públicas del interior del país ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), se plantearon serias preocupaciones sobre las disparidades salariales entre los docentes del interior y los de Asunción. Los parlamentarios también discutieron la necesidad de revisar la apertura de nuevas carreras y el uso de hospitales públicos por instituciones privadas.
En la sesión del jueves, los legisladores coincidieron en la urgencia de revisar las remuneraciones de los profesores, mientras surgieron dudas sobre la distribución del presupuesto y los mecanismos de control en las universidades. El senador Silvio Ovelar presentó un análisis comparativo de los salarios de profesores titulares, adjuntos y asistentes, revelando marcadas diferencias salariales entre docentes de distintas universidades. Por ejemplo, en la Universidad Nacional del Este (UNE), los salarios de profesores titulares oscilan entre G. 1.600.000 y G. 2.320.900, mientras que en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) alcanzan G. 2.630.000.
Ovelar también destacó las diferencias en las remuneraciones de los profesores asistentes, donde en la UNA se perciben G. 1.999.299, frente a los G. 1.196.000 en la UNE. La Universidad Nacional de Itapúa presenta salarios de profesores titulares que van desde G. 1.020.558 hasta G. 2.549.200, y en la Universidad Nacional de Villarrica, algunos docentes reciben G. 992.200. Ovelar expresó que “quedamos en deuda con los docentes universitarios”, subrayando que las mejoras salariales en la educación básica no se han replicado en el ámbito universitario.
La senadora Esperanza Martínez respaldó el reclamo de mejores salarios y criticó las disparidades salariales internas, citando casos en la Facultad de Medicina de la UNA donde algunos docentes ganan hasta G. 40 millones, mientras otros reciben cifras mucho más bajas. Martínez también cuestionó la carga laboral desigual entre jefes de cátedra y ayudantes, instando a que cualquier mejora salarial sea evaluada con criterios claros.
La discusión se amplió hacia el crecimiento desmedido de la oferta académica sin planificación adecuada. Martínez propuso un proyecto de ley para suspender la apertura de nuevas facultades y carreras durante dos años. Afirmó que es prioritario fortalecer las instituciones existentes antes de expandir la oferta educativa.
El senador Ignacio Iramain también se mostró preocupado por la proliferación de facultades de Medicina y sugirió una reestructuración del sistema universitario. Comparó el modelo paraguayo con el de Uruguay, donde el presupuesto de la Universidad de la República supera los US$ 700 millones. Iramain advirtió que tener carreras similares en una misma área podría aumentar los costos administrativos y disminuir los recursos para mejoras salariales.
Además, se cuestionó la falta de resultados y controles en las universidades respecto a cómo presentan sus solicitudes de incremento presupuestario. Iramain pidió que se incluya información más detallada sobre los gastos y metas alcanzadas de cada institución en el estudio del presupuesto.
Otro punto debatido fue el uso de hospitales públicos para la formación de estudiantes de universidades privadas. La senadora Celeste Amarilla criticó que estas instituciones, que cobran cuotas, utilicen recursos públicos para sus prácticas. Propuso que las universidades privadas busquen convenios con hospitales privados. El diputado César Segovia también apoyó esta revisión, especialmente para las carreras de salud.
Finalmente, el legislador Walter Kobylanski subrayó la necesidad de que el Estado aumente sus ingresos tributarios para mejorar la educación superior, sugiriendo que una revisión gradual de la carga tributaria podría ser necesaria, aunque reconoció la existencia de cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos.