El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, y el subcontralor Armindo Torres, firmaron un “examen de correspondencia” que habilita a la Fiscalía a exonerar al expresidente Santiago Peña de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. En este contexto, se han propuesto reformas legales que serán presentadas a la Cámara de Diputados.
Una de las reformas más significativas busca restituir la versión original de la Ley N° 7089/2023, que establece el régimen de prevención y sanción de conflictos de intereses en la función pública, restableciendo además la prohibición de las «puertas giratorias». Estas reformas surgen tras las modificaciones realizadas por Peña y su mayoría en el Congreso, que alteraron 18 artículos de la ley, derogando importantes regulaciones.
La anulación de esta ley resultó evidente en el caso de Ueno Bank, donde el expresidente Peña nombró al hoy encarcelado Carlos Carvallo como presidente del Banco Central del Paraguay. Según informes de la Fiscalía, este nombramiento facilitó el encubrimiento de operaciones que llevaron al vaciamiento del banco a través de préstamos a empresas relacionadas.
Los casos de conflicto de intereses también se han evidenciado en otras situaciones, como la de Joshua Abreu, expresidente de la Comisión Nacional de Valores, quien luego se convirtió en director de Ueno Casa de Bolsa. Estos casos resaltan las preocupaciones sobre el uso de información privilegiada por parte de exfuncionarios en favor de sus empleadores anteriores.
Entre los principales cambios que se propuestas se retoman, se incluye la obligación de reportar vínculos familiares y posibles intereses personales, un aspecto que fue eliminado con complicidad legislativa en el contexto de los recientes escándalos de nepotismo en el Congreso. La Contraloría también había dilatado la aplicación de un formulario que permitiría la declaración de intereses de los legisladores.
La Contraloría sugiere además ampliar la prohibición de las puertas giratorias, estableciendo un periodo de dos años para aquellos funcionarios de entidades reguladoras del sistema financiero. Durante este tiempo, se les prohibiría ejercer labores en empresas del mismo sector en el que desempeñaron su labor pública.
El segundo anteproyecto presentado por la Contraloría busca modernizar su Carta Orgánica. Incluye proposiciones sobre la lucha contra la corrupción y el recupero de recursos públicos, lo cual podría enfrentar desafíos legales al entrar en conflicto con otras normativas que actualmente rigen estos procedimientos.
Finalmente, se plantea una posible “autonomía presupuestaria” para la Contraloría, lo que generaría un nuevo marco para la recaudación de multas y el planteamiento directo de su presupuesto anual al Congreso, sin depender del Ejecutivo, un aspecto que podría acarrear controversias.
