Crecen las críticas al acuerdo con Taiwán para un centro de inteligencia artificial en Paraguay
El experto Luis Benítez Aguilar expresa inquietudes sobre el acuerdo que busca establecer un centro de computación de inteligencia artificial en Paraguay, resaltando la falta de inclusión ciudadana en el diseño de políticas públicas que pueden impactar profundamente en la economía nacional.
Durante su participación en un seminario sobre inteligencia artificial, Benítez Aguilar subrayó que decisiones de larga duración, como la construcción del centro, deben ser discutidas abiertamente con la ciudadanía: “Las políticas que afectan el bolsillo de las personas deberían incorporar su opinión”, insistió.
Uno de los puntos más polémicos del acuerdo firmado el 13 de mayo de 2026, refiere a la falta de análisis de viabilidad y participación pública en el proyecto. Benítez Aguilar argumentó que ejemplos anteriores, como el fallido proyecto del Metrobús en la región, demuestran que el involucramiento ciudadano es clave para la comprensión del propósito de tales iniciativas.
Además, el experto manifestó que este proyecto se enmarca en una “necesidad geopolítica” del Ejecutivo en medio de un contexto global cambiante. La firma con Taiwán busca unir sus supercomputadoras con la energía eléctrica de Paraguay, lo que podría transformar el panorama económico del país.
El jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez, respaldó el acuerdo al afirmar que este podría cambiar la historia económica de Paraguay, con una inversión inicial de entre 200 y 300 millones de dólares para la primera fase del proyecto, que contempla un consumo energético de 10 megavatios (MW).
No obstante, el análisis de Benítez Aguilar advierte que si este tipo de proyectos se ejecutan sin el respaldo y la comprensión de la ciudadanía, podríamos enfrentar consecuencias desfavorables a largo plazo: “Vamos a ser más pobres con este proyecto si seguimos sin brindar la información necesaria”, apuntó.
El acuerdo, además de su potencial para mejorar el ecosistema tecnológico del país, podría dar pie a nuevas oportunidades para pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles desarrollar soluciones innovadoras en el ámbito financiero y administrativo.
Finalmente, los más críticos del acuerdo alertan sobre el riesgo de dependencia económica y tecnológica, haciendo un llamado a una mayor transparencia y participación social en el diseño y ejecución de políticas que afectan a la población de Paraguay.