Diego Wilfrido Aguayo, quien figura como médico de cabecera de Pedro Alliana, es uno de los comisionados en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que percibe un salario total de G. 35 millones. Su inclusión en la lista de comisionados ha generado controversia, ya que se encuentra vinculado a la Vicepresidencia, recibiendo su remuneración de la misma entidad.
En la lista de comisionados también se encuentran familiares de figuras políticas y otros beneficiarios, lo que ha suscitado críticas sobre el uso de fondos públicos. La EBY, que se encarga de la gestión de la represa Yacyretá, ha sido señalada por despilfarrar millonarios recursos cada mes en comisiones a diferentes instituciones públicas.
Este caso pone de relieve la problemática de las contrataciones en el sector público, donde se cuestiona la transparencia y la legitimidad de las asignaciones. La administración de la EBY ha sido objeto de análisis crítico, especialmente en lo que respecta a la asignación de recursos y la relación con el personal que ocupa cargos en el gobierno.
La situación de Aguayo no es aislada, ya que la nómina de comisionados incluye a varios «hurreros», un término que se utiliza en el país para referirse a personas que son leales a un político o partido, a menudo sin calificaciones específicas para el puesto. Esta práctica ha generado un debate sobre el nepotismo y la falta de mérito en las designaciones.
La ciudadanía exige mayor claridad sobre cómo se distribuyen los recursos de la EBY y la necesidad de asegurar que los fondos se utilicen de manera responsable y efectiva. La presión social y mediática podría llevar a una revisión de las políticas de contratación y a una mayor exigencia de rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
A medida que el tema gana atención, se espera que las autoridades pertinentes aborden las preocupaciones planteadas y se implementen medidas para garantizar un manejo más ético y transparente de las instituciones estatales. La situación de Aguayo es un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta el país en términos de gobernanza y administración pública.