El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Capitán Bado, Cristhian Ariel Sánchez Zaracho, ha sido despojado de su inmunidad procesal por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras una moción presentada por el vicepresidente 1° del órgano, Manuel Ramírez Candia. Esta decisión se produce en el contexto de una investigación que involucra la subasta y la inscripción de fincas comisadas al narcotraficante Luiz Carlos Da Rocha, conocido como Cabeza Branca.
Ramírez Candia también sugirió iniciar un enjuiciamiento de oficio contra Sánchez por la supuesta comisión de hechos punibles. Sin embargo, este proceso se suspenderá hasta que se resuelva el caso en el ámbito penal, mientras se solicitará a la Corte la suspensión del juez. La moción recibió el respaldo de la presidenta del JEM, Dra. Alicia Pucheta, y otros miembros del jurado.
La investigación se originó a partir de un pedido del juez penal de garantías especializado en delitos económicos, Humberto Otazú, para que Sánchez enfrentara el proceso penal iniciado con una imputación presentada el 14 de septiembre por los fiscales Christian Benítez y Verónica Valdéz. Sánchez está siendo investigado por un posible lavado de activos, específicamente por frustración del comiso.
Sánchez intentó subastar la estancia “La Nelly”, ubicada en el distrito de Azote’y, que pertenece a la propiedad del narcotraficante Cabeza Branca. La causa se inició tras una denuncia de la fiscala Lorena Ledesma el 25 de abril de 2024, que mencionó que varios bienes, incluida la estancia, estaban sujetos a comiso desde el 29 de septiembre de 2022.
A pesar de que Ledesma había informado que la finca estaba bajo la administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y tenía medidas cautelares, el 11 de octubre de 2023, Sánchez ordenó la venta en subasta del bien. Las advertencias sobre las restricciones legales fueron desatendidas, y el 8 de noviembre de 2023, se realizó la subasta, vendiendo dos inmuebles a Ronald Parenderi, representante de Grupo Paraná SA, por un total de G. 2.000.000.000.
El juez Sánchez, además, inició un juicio el 17 de abril de 2024, relacionado con la inscripción preventiva de estos inmuebles, lo cual ha elevado aún más las sospechas sobre su conducta. La situación del magistrado sigue en el centro de la atención pública mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.