En julio de 2025, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, otorgó un salario discrecional de G. 8.000.000 a Daysi María Ramírez Ortiz, quien era considerada una operadora política en Senepa. Este nombramiento se realizó pocos días antes de que Ramírez regresara a su puesto original con un incremento salarial significativo, pasando de G. 4.849.600 a recibir al menos G. 10.400.000 mensuales, incluyendo beneficios en su antiguo cargo.
Latorre y Ramírez habían colaborado políticamente desde al menos 2020, como lo evidencian fotografías compartidas en redes sociales. Sin embargo, fue en julio de 2025 que Latorre, en su rol como presidente de la Cámara, le asignó el cargo de “Técnico” en su gabinete, lo que despertó cuestionamientos sobre la legalidad del nombramiento, dado que no existen registros de un concurso para acceder al puesto.
Apenas 21 días después de su nombramiento en Diputados, Ramírez fue comisionada de nuevo a Senepa, lo que sugiere que su nombramiento no respondía a una necesidad institucional real. La controversia se extiende a su formación académica, ya que en documentos oficiales consta que es “bachiller”, mientras que en su declaración jurada afirma haber egresado de “Ciencias Políticas”.
El comisionamiento de Ramírez le permitió un aumento en sus ingresos, ya que, además de su salario en Diputados, recibió beneficios adicionales en Senepa, sumando un total de G. 10.400.000 mensuales. Activamente, también participó en la campaña de Camilo Pérez durante las elecciones municipales, mostrando su lealtad hacia Latorre.
Este caso plantea serias dudas sobre la legitimidad del nombramiento, especialmente a la luz de la nueva Ley de la Función Pública, que prohíbe el acceso a cargos sin concurso y castiga tales acciones. La ley establece que cualquier ingreso irregular a la función pública es nulo y puede acarrear responsabilidades civiles, penales y administrativas para quienes gestionen estos nombramientos.
Latorre ya había enfrentado críticas en su primer mandato debido a controversias relacionadas con la designación de familiares de colegas en la Cámara, lo que aumentó la presión sobre su gestión y generó preocupación sobre la ética en las contrataciones públicas.