La Fiscalía presentó cargos y solicitó un juicio oral y público contra George Javier Gómez González, responsable de la matadería La Familia-Frigomez, por presunta contaminación ambiental. La acusación se basa en el incumplimiento de medidas de mitigación y el manejo indebido de desechos generados durante el proceso de faenamiento de ganado vacuno.
La investigación se inició tras una denuncia el 17 de febrero de 2026, que alertaba sobre la aparición de sustancias desconocidas en el río Acaray. Esta situación generó alarma entre los habitantes de la región, quienes temían por la posible afectación del ecosistema, la fauna, la flora y la salud humana.
Como parte del proceso, el Ministerio Público llevó a cabo un allanamiento el 18 de marzo de 2026 en la matadería, situada en el kilómetro 9 de Acaray en Ciudad del Este. Durante la inspección se detectó que el establecimiento estaba realizando el faenamiento de ganado y contaba con áreas para la limpieza, almacenamiento de estiércol y tratamiento de efluentes líquidos.
Los fiscales encontraron que las tres lagunas de estabilización anaeróbicas estaban a cielo abierto y carecían de la impermeabilización necesaria, según el plan ambiental aprobado. Además, se observó el escurrimiento de líquidos contaminantes, incluyendo sangre y grasa, que provenían de la limpieza de la planta.
Asimismo, se identificó un canal de desagüe que vertía directamente en las márgenes del río Acaray, lo que evidenció fallas en el manejo de los efluentes líquidos, a pesar de las obligaciones establecidas en el Plan de Gestión Ambiental aprobado en 2025.
La Fiscalía ha recopilado múltiples elementos de prueba, incluyendo declaraciones testimoniales, informes técnicos y documentación de diversas instituciones. Entre las pruebas se encuentran análisis realizados por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y un informe de Itaipú Binacional, así como documentos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
Con estos elementos, la fiscal Zunilda Ocampos Marín considera que la investigación ha concluido y ha formulado la acusación contra Gómez González, solicitando la admisión de las pruebas y la elevación del caso a juicio oral y público.