Acusación constitucional contra ministro de Justicia de Chile avanza en el Congreso
El Congreso chileno avanza en el proceso de acusación constitucional contra Fernando Rabat, actual ministro de Justicia del gobierno de José Antonio Kast. La medida, impulsada por la oposición, se fundamenta en la controversia generada por la reducción de condenas a cerca de cincuenta personas condenadas por delitos de abuso sexual infantil, así como a tres exagentes vinculados a crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El libelo acusatorio busca responsabilizar a Rabat por su gestión en el ministerio y exige su destitución. Hasta el momento, la izquierda y centroizquierda han asegurado el respaldo de entre 64 y 65 diputados, acercándose al umbral de 78 votos necesarios para aprobar la acusación en la Cámara Baja. De prosperar en esa instancia, el siguiente paso corresponde al Senado, que debe actuar como jurado en el proceso de destitución.
Uno de los factores clave en la dinámica parlamentaria es el apoyo significativo que podría recibir la acusación por parte del Partido de la Gente (PDG), una agrupación de corte populista. Según declaraciones de la diputada Pamela Jiles, al menos 11 de los 14 legisladores de esa bancada estarían dispuestos a respaldar la iniciativa acusatoria, lo que consolidaría las posibilidades de éxito en la votación.
Este procedimiento se enmarca en un contexto de creciente debate público sobre las decisiones judiciales relacionadas con condenas por delitos sexuales y violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura chilena. La controversia ha puesto en entredicho la actuación del Ministerio de Justicia en la revisión y rebaja de penas a personas con antecedentes graves.
En las próximas semanas, la atención política se centrará en la evolución de la votación en la Cámara y, en caso de ser aprobada, en el posterior análisis del Senado, que definirá el futuro del ministro Fernando Rabat en el cargo.
