La crisis en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM) continúa afectando a los adultos mayores, quienes reciben sus haberes de forma irregular. La situación se agrava bajo la dirección del mismo equipo que desencadenó la crisis.
La mala gestión de recursos, la falta de transferencias por parte de los gobiernos municipales y la escasa atención del gobierno de Santiago Peña han llevado a que los jubilados no reciban sus pagos a tiempo. La deuda acumulada de los intendentes con la Caja alcanzó los G. 51.933 millones en julio. Mientras los políticos postergan sus aportes, los jubilados enfrentan dificultades económicas.
La administración de la CJPPM, liderada por Venancio Díaz Escobar, quien está bajo investigación por malversación de fondos, solo pudo desembolsar los haberes correspondientes a junio a sus 2.503 jubilados. Desde 2023, los pagos se han realizado de manera prorrateada, lo que ha llevado a muchos a hacer malabares para sobrevivir.
La crisis de la institución se inició bajo la gestión de Bernabé Peralta, quien renunció en enero de 2024 tras las protestas de los jubilados. Díaz Escobar, que formó parte del equipo que causó la crisis, asumió el cargo y junto a otros miembros del Consejo de Administración enfrenta cargos por lesión de confianza relacionados con un millonario desfalco, aunque han evadido la justicia mediante maniobras legales.
Las elecciones para renovar el Consejo de Administración estaban previstas para octubre de 2024, pero Díaz Escobar y su equipo lograron suspenderlas utilizando artimañas jurídicas. Actualmente, el Consejo está compuesto por Díaz Escobar, Stela Galeano de Orué, Gustavo Gómez, Juan Amarilla, Viviana Brioschi Capurro y Justo Gamarra, quienes a pesar de que la Caja enfrenta problemas de liquidez, se han autoaumentado sus dietas y bonificaciones.
La falta de pago de los intendentes ha llevado a la Caja a una situación de insolvencia. La lista de deudores la encabeza la Municipalidad de Asunción, seguida por otras localidades con deudas que varían considerablemente. La administración de Luis Bello, por ejemplo, debe G. 35.885 millones.
El Consejo de Administración ha comenzado a subastar muebles y bienes de valor para intentar recaudar fondos, aunque este proceso ha sido cuestionado y lleva un carácter judicial. Santiago Peña, en un intento de sanear el sistema de jubilaciones del país, creó la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones en 2023, pero hasta ahora no se han implementado medidas efectivas para resolver la crisis de la Caja Municipal.
Adicionalmente, permanece sin esclarecer el incendio del 14 de mayo de 2024 que destruyó documentos clave sobre la gestión de la Caja. Un funcionario admitió haber provocado el fuego bajo «orden superior» y ha sido condenado a dos años con suspensión de la pena, mientras otros involucrados enfrentan cargos. La situación resalta la falta de control y supervisión que ha llevado a la Caja Municipal a su actual estado de quiebra.