Ante el anuncio del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar un “procedimiento de resolución” de Ueno Bank por insuficiencia de solvencia, el abogado Óscar Tuma ha declarado que está preparando una denuncia penal contra los responsables de esta situación. El BCP tomó la decisión durante la madrugada de este martes, lo que ha llevado a Tuma a trabajar con un equipo jurídico para esclarecer las decisiones que llevaron a este desenlace y determinar las responsabilidades penales.
El abogado, que colabora con el exinterventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, busca presentar la denuncia lo antes posible para evitar que los responsables abandonen el país. Alrededor de diez personas afectadas, que manejaban depósitos superiores a los 5 millones de dólares, se han unido como denunciantes, entre las cuales se incluyen ahorristas con cuentas de ahorro y certificados de depósito de ahorro (CDA).
Tuma ha mencionado que la denuncia se dirigirá a varios directivos de Ueno Bank, incluyendo a Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente; Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero; y otros ejecutivos como Federico Cofman y Miguel Ángel Almada Frutos. También se incluirán a personas que desempeñaron funciones en la entidad en diferentes períodos.
La investigación no solo abarcará a los ejecutivos de Ueno Bank, sino también a las autoridades del BCP, como su presidente, Carlos Carvallo, y otros funcionarios. Tuma ha destacado la importancia de examinar la actuación de la auditora PwC y las evaluaciones de las calificadoras de riesgo involucradas en la supervisión de la entidad.
El abogado ha indicado que la denuncia se fundamentará en la sospecha de complicidad entre las empresas verificadoras de créditos y la autorización de operaciones que, según él, podrían haber desviado fondos a personas insolventes. Además, está recopilando información sobre presuntos delitos como estafa y lesión de confianza.
Tuma ha exigido que la Fiscalía actúe de oficio y no espere a que se presente una denuncia formal. Ha criticado la inacción del Ministerio Público y ha instado al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, a tomar medidas para proteger los derechos de los ahorristas, incluidos aquellos con CDA que vencen en 2028.
Por último, el abogado ha habilitado sus redes sociales y su oficina en Asunción para recibir denuncias de otros ahorristas afectados, mientras advierte sobre el riesgo de que los responsables puedan huir si no se toman acciones inmediatas.