La ASF investiga contratos del INE y OPLE desde 2000 tras escándalo de corrupción
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha iniciado una revisión exhaustiva de los contratos otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos locales electorales (OPLE) a empresas privadas entre los años 2000 y 2025. Esta medida responde al reciente escándalo que ha provocado la renuncia de Guadalupe Taddei como presidenta del INE y que ha puesto bajo escrutinio la gestión de estos institutos.
En un comunicado publicado este miércoles, la ASF detalló que su investigación busca identificar patrones en las contrataciones, posibles concentraciones de proveedores y presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, tanto en el INE como en los OPLE. La revisión se plantea como integral y abarca un período de 25 años, adelantando que los primeros hallazgos apuntan a múltiples fallas históricas en las prácticas administrativas y contractuales.
Este operativo se produce en un contexto de creciente tensión política. La mandataria Claudia Sheinbaum ha criticado duramente a los proveedores señalados, a quienes ha calificado como “coyotes”, y ha extendido la responsabilidad más allá de la gestión de Taddei, haciendo alusión al expresidente del INE, Lorenzo Córdova (2014-2023), sin mencionarlo explícitamente. A juicio de Sheinbaum, la problemática es una manifestación de un sistema de irregularidades asentadas en administraciones anteriores, que favorecieron un “duopolio” empresarial en la provisión de materiales electorales.
La controversia se ha profundizado con denuncias internas en el propio INE. Blanca Cruz, presidenta provisional del organismo, anunció que el Consejo General presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles delitos vinculados a la administración de Taddei. Por su parte, sectores afines a Morena buscan acciones legales más severas.
Además, la discusión política se ha avivado con declaraciones recientes del expresidente Vicente Fox, quien reconoció públicamente su papel en la elección presidencial de 2006, situación que ha sido retomada por Sheinbaum para cuestionar la moralidad de algunos consejeros electorales y resucitar viejas disputas políticas sobre la legitimidad de esos procesos electorales.
La Auditoría Suprema y las autoridades electorales mantienen abierta la supervisión con el fin de esclarecer el presunto uso indebido de recursos públicos en los comicios mexicanos, en medio de un clima de desconfianza sobre la transparencia de las instituciones que regulan las elecciones del país.
