El acta de imputación presentada el 14 de septiembre de 2026 contra cuatro altos mandos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) está relacionada con el caso #LaMafiaManda. La Fiscalía, encabezada por Ingrid Giselle Cubilla Villamayor y apoyada por otros tres fiscales, acusa a estos funcionarios de graves delitos, incluyendo asociación criminal y tráfico de influencias.
La principal acusada es Helga Lizany Concepción Solís Gómez, asistente fiscal de 40 años, quien actualmente se encuentra prófuga tras un allanamiento en su residencia en Pedro Juan Caballero. Se la señala como operadora de confianza del Clan Gomes, una organización criminal vinculada al tráfico de drogas y lavado de activos. Según la imputación, entre 2019 y 2023, Solís Gómez habría intervenido en varios procesos penales para asegurar la impunidad de esta estructura.
También fue imputado el director general de la Dirección General Antidrogas, Hugo Derlis Baptista Báez, de 56 años, por delitos que incluyen omisión de funcionario encargado de prevenir y tráfico ilícito de armas. Aunque tiene orden de detención, hasta el momento no se ha presentado ante las autoridades. El director de Inteligencia de la Senad, Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, de 48 años, es el único de los imputados que se ha presentado, asistido por su abogado, el exministro Francisco De Vargas.
Aldo Osmar Pintos Martínez, coronel del Ejército Paraguayo y excomandante de las Fuerzas Especiales de la Senad, y Alicia Marlene Vázquez Samaniego, jefa del Departamento de Investigación del Crimen Organizado, también enfrentan imputaciones similares. Ambos aún no se han presentado ante la Fiscalía.
Los fiscales han solicitado prisión preventiva para todos los imputados, y el juez Humberto Otazú debe decidir sobre la solicitud, mientras su colega Osmar Legal se encuentra de viaje. Las acusaciones se centran en la colaboración de estos funcionarios con actividades delictivas del Clan Gomes, incluyendo el manejo de información confidencial y la gestión de operaciones para favorecer a miembros de la organización.
La imputación detalla que Helga Lizany facilitó acciones para evitar que su tío, Eulalio Gomes, y su primo, Alexandre Rodrigues, fueran procesados por diversos delitos. Su actuación habría incluido manipulación de procesos judiciales y filtración de información sobre operativos policiales, garantizando así la protección de los intereses del clan criminal.
Por otro lado, la Fiscalía ha señalado que Baptista, Pintos y Amarilla habrían colaborado en la fuga de un narcotraficante durante un operativo de la Policía Federal de Brasil, manteniendo comunicaciones con Eulalio Gomes antes y después del hecho. Las imputaciones reflejan un entramado de corrupción que compromete a altos funcionarios encargados de la lucha contra el narcotráfico en Paraguay.