La propuesta busca establecer un mecanismo de financiamiento previsible y transparente para fortalecer la capacidad operativa de los cuarteles y reducir la dependencia de donaciones, colectas y aportes de particulares.
El proyecto plantea instrumentos de apoyo técnico, capacitación y previsión, bajo criterios de responsabilidad fiscal, unidad presupuestaria, autonomía municipal y control público.
Nakayama señaló que uno de los principales objetivos es garantizar recursos para la renovación de uniformes, la adquisición de insumos y el mantenimiento de los equipos utilizados durante la atención de emergencias.
También destacó la función que cumplen los voluntarios en accidentes y situaciones que requieren intervención especializada.
Durante la audiencia, el asesor jurídico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Emanuel Araújo, recordó que el sector cuenta con la Ley N.º 6.762/2021, que establece un piso de aporte del Estado para las instituciones de bomberos voluntarios.
Señaló que uno de los reclamos del sector es la reglamentación y aplicación efectiva de esta normativa.
El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Richard López, expuso los costos que deben afrontar los cuarteles para mantener sus servicios.
Explicó que una salida de ambulancia representa unos G. 250.000, mientras que la movilización de una autobomba puede alcanzar como mínimo G. 850.000, considerando combustible e insumos.
López agregó que cada cuartel realiza al menos dos salidas diarias de ambulancia, lo que genera gastos constantes.
También señaló que los cuerpos de bomberos recurren a campañas, colectas y aportes de socios protectores para cubrir necesidades operativas.
La iniciativa legislativa busca establecer una estructura de financiamiento que permita sostener estos servicios y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.
El proyecto mantiene el carácter voluntario de los cuerpos de bomberos y plantea mecanismos de control sobre los recursos públicos destinados al sistema.
