Las comisiones Especial Antimafia de los Pagarés, de Derechos Humanos y de Legislación del Senado han emitido recomendaciones al pleno para aceptar las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados en el proyecto de ley que establece la restitución de pagarés con extinción de la obligación y un régimen sancionador. El pleno del Senado discutirá este proyecto mañana.
Los dictámenes de las comisiones destacan que las modificaciones son mayormente de carácter conceptual, lo que brinda una mayor seguridad jurídica y se ajusta al marco del derecho civil. Los cambios afectan los artículos 1, 2, 4, 7 y 9 del texto original aprobado por el Senado.
Entre las modificaciones, se establece que la restitución del pagaré debe realizarse simultáneamente con el pago total de la deuda, en consonancia con el artículo 570 del Código Civil. Además, se incorpora una presunción favorable al deudor que posea el pagaré. En caso de extravío o destrucción del documento, se aplicará el régimen previsto en el artículo 1384 y siguientes del Código Civil.
Respecto a las sanciones, se mantiene la posibilidad de imponer una multa de hasta el 20%, respetando la competencia de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y mediante un proceso sumarial.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador Mario Varela, explicó que tras un análisis comparativo de ambas versiones, decidieron respaldar las modificaciones de Diputados. Varela enfatizó que estas enmiendas son más específicas y contribuyen a una mayor seguridad jurídica en los procedimientos civiles.
El senador añadió que la intención es avanzar en reformas que agilicen y transparenten los procesos judiciales, especialmente dado el escrutinio sobre el uso del sistema de justicia en los casos vinculados a la mafia de los pagarés. “Esta normativa busca exigir la devolución y la restitución de los pagarés, así como la extinción de la obligación”, subrayó Varela.
Por su parte, la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, que representa a más de 17,000 afectados a nivel nacional, ha expuesto ante el Congreso el impacto económico y social de los embargos derivados de este sistema. Según sus registros, el sistema de pagarés mueve más de 92 millones de dólares anuales.
Los afectados también han reiterado su demanda de enjuiciar a los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, en el contexto de sus quejas sobre la actuación del sistema judicial en estos casos.