19 de julio de 2026 a la – 11:38
Este lunes finaliza el plazo para que los candidatos a intendente y concejales de los 263 distritos del país presenten su Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), un mecanismo destinado a supervisar el financiamiento político y prevenir el narcotráfico y el lavado de dinero.
Los postulantes deben completar esta declaración a través del sistema online SINAFIP-CANDIDATOS, que estará disponible hasta la medianoche de hoy. Esta medida busca garantizar la transparencia en la financiación de las campañas electorales.
Después de la fecha límite, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) publicará todas las declaraciones juradas en su sitio web el 30 de julio. Esto permitirá a la ciudadanía y a las autoridades acceder a los datos presentados y realizar las verificaciones necesarias.
Sanciones a candidatos y nucleaciones políticas
Sin embargo, Christian Ruiz Díaz, Director Financiero del TSJE, advirtió en 2025 sobre la falta de recursos legales para investigar el origen del financiamiento de las campañas. Esto genera expectativas sobre la eficacia de la ley en la prevención de irregularidades.
Según las autoridades, el objetivo principal de esta regulación es identificar fondos no declarados que podrían estar relacionados con actividades del narcotráfico. Sin embargo, hasta ahora no se han difundido resultados concretos de los acuerdos establecidos para abordar esta problemática.
El desafío que enfrenta el TSJE resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en un contexto donde el crimen organizado busca infiltrarse en el ámbito político.
A medida que se aproxima la fecha límite para la presentación de la DIGC, la atención se centra en cómo los candidatos cumplirán con esta obligación y qué medidas se implementarán post-electoral para garantizar la transparencia y legalidad en el financiamiento político.
La sociedad civil y los organismos internacionales han manifestado su preocupación por el financiamiento oscuro en la política. Esto genera un llamado urgente a reformas que aseguren el funcionamiento eficaz de los mecanismos de control.