Un nuevo conflicto laboral vuelve a generar fuertes repercusiones en Pedro Juan Caballero, exponiendo la vulnerabilidad de los trabajadores del sector de la seguridad privada. En una drástica medida de fuerza que captó la atención de clientes y transeúntes, Bartolomé González, exguardia de seguridad del conocido Shopping China, se encadenó frente al acceso principal del establecimiento para exigir el pago inmediato de sus derechos laborales.
La protesta civil y pacífica surge tras casi tres meses de haber sido desvinculado de la empresa. Según el relato del manifestante, la firma se ha llamado al silencio respecto al desembolso de los haberes que por ley le corresponden, lo que lo llevó a tomar esta desesperada decisión como último recurso para visibilizar su situación.
Cronología de un reclamo millonario
González no es un empleado temporal; dedicó gran parte de su vida a la custodia del local. Los detalles de su reclamo reflejan la gravedad del impacto financiero para su familia:
- Antigüedad: 14 años y 11 meses de servicio ininterrumpido.
- Tiempo en el limbo: Cerca de 90 días desde su despido sin recibir respuestas concretas.
- Monto reclamado: La indemnización estimada, de acuerdo con los años de servicio y los cálculos legales en base al Código Laboral, superaría los 100 millones de guaraníes.
«Trabajé honestamente casi 15 años cuidando este lugar. Dejar a un trabajador en la calle sin lo que le corresponde por derecho no solo es injusto, es inhumano. Solo pido lo que me gané con mi sudor», manifestó González visiblemente afectado durante la protesta.
El impacto social y legal
El caso ha encendido las alarmas entre los gremios de trabajadores de la zona fronteriza. La falta de una resolución rápida en casos de desvinculación de empleados con alta antigüedad suele derivar en largos procesos judiciales que desgastan económicamente al eslabón más débil de la cadena: el trabajador.
Hasta el momento de este reporte, los representantes legales o directivos del Shopping China no han emitido un comunicado oficial sobre la situación del exguardia ni han aclarado si existe una mesa de negociación abierta para destrabar el conflicto.
La ciudadanía y organizaciones civiles permanecen atentas al desarrollo de esta medida de fuerza, que pone una vez más bajo la lupa el cumplimiento de las normativas laborales en las grandes empresas de la región.
