Víctimas de mafia de pagarés presionan por juicio político en Paraguay
Coordinadora de Víctimas de la «mafia de los pagarés» intensifica presión para el juicio político a ministros de la Corte Suprema de Justicia. Los afectados se preparan para un emplazamiento en la Cámara de Diputados y una rendición pública en mayo.
La Coordinadora de Víctimas de la denominada «mafia de los pagarés» ha intensificado sus esfuerzos para exigir el juicio político contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Este grupo anunció que cada uno de sus miembros comenzará a realizar gestiones individuales con los parlamentarios de sus respectivas localidades, buscando garantizar que su reclamo no pase desapercibido.
La estrategia busca eliminar cualquier posibilidad de evasión por parte de los legisladores. Según argumentan, «ningún legislador podrá alegar desconocimiento del descontento ciudadano» si los afectados se movilizan de manera proactiva. La fecha marcada para un acto de presión culminante es el lunes 27 de abril, con un encuentro programado en la sede de la Cámara de Diputados a las 09:00.
Además, la Coordinadora ha planeado una “rendición pública” para el mes de mayo, donde la actuación de los legisladores será expuesta ampliamente a través de plataformas digitales y medios de comunicación. El objetivo es proporcionar visibilidad al comportamiento y respuestas de los diputados ante el reclamo de justicia, buscando construir un espacio de transparencia.
Las víctimas sostienen que la permanencia de la actual cúpula judicial es «insostenible». Argumentan que el artículo 225 de la Constitución Nacional debería ser activado para llevar a cabo un juicio político, presentado como un mecanismo de control esencial en el sistema democrático.
El comunicado emitido por la Coordinadora alega que los ministros de la Corte han incurrido en «comisión por omisión» al no supervisar las supuestas irregularidades en los juzgados de paz. Este panorama ha suscitado cuestionamientos sobre la independencia del máximo tribunal, con preocupaciones alrededor de conflictos de intereses que, según denuncias, afectan la imparcialidad de las decisiones judiciales.
El impacto de estas situaciones no solo se limita al ámbito legal. La Coordinadora afirma que las prácticas inadecuadas han causado graves consecuencias a nivel humano y económico, describiendo lo que consideran una «muerte civil» financiera para las víctimas. Esta situación repercute en múltiples familias, socavando derechos fundamentales como la propiedad y el derecho al trabajo.
Finalmente, el grupo enfatiza que su lucha no responde a intereses políticos ni personales, sino a una búsqueda de «reparación histórica» y el anhelo de un Poder Judicial íntegro. El comunicado concluye reafirmando que «el juicio político es la única ruta constitucional para recuperar la legitimidad de la institución», apelando a una justicia que priorice la protección del trabajador sobre la de los estafadores.
