Un delicado episodio de seguridad institucional se registró en la noche del viernes 10 de abril, alrededor de las 23:00 horas, en la sede del Ministerio Público ubicada sobre las calles Elisa Alicia Lynch entre Juan de Ayolas, en el barrio San Gerardo de esta ciudad, donde dos menores de edad fueron aprehendidos en flagrante comisión de un hecho punible.
De acuerdo al informe oficial de la Cría 2ª del barrio General Díaz, los adolescentes —ambos de 14 años— fueron sorprendidos cuando intentaban retirar de manera ilegal dos motocicletas que se encontraban depositadas en el predio fiscal en carácter de evidencias judiciales. El hecho fue calificado como quebrantamiento de depósito, una figura penal que implica la violación de la custodia legal de bienes bajo resguardo del Estado.
Los aprehendidos fueron identificados con las iniciales O.R.A. y W.R.G.C., domiciliados en los barrios Obrero y Jardín Aurora, respectivamente. Ambos son menores de edad, por lo que el procedimiento se enmarca también en las normativas de protección de la niñez y adolescencia.
El procedimiento fue ejecutado por personal policial que se encontraba de guardia en el lugar, encabezado por los suboficiales mayores Gustavo Daniel Ayala y Aníbal Coronel. Según el reporte, los intervinientes lograron interceptar a los sospechosos en el preciso momento en que intentaban apoderarse de las motocicletas, evitando así la consumación del hecho.
Los biciclos involucrados son dos motocicletas de la marca Kenton, modelo GL, ambas de color rojo, que estaban incautadas previamente y bajo custodia del Ministerio Público como parte de investigaciones en curso. La rápida reacción de los agentes permitió no solo frustrar el intento de hurto, sino también resguardar elementos clave dentro de procesos judiciales.
El caso fue comunicado de inmediato a la agente fiscal de turno, María Mirta Martínez, quien dispuso que los menores permanezcan en la comisaría a disposición del Ministerio Público, mientras se determinan las medidas correspondientes conforme a la legislación vigente.
Este hecho vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de algunos recintos institucionales y la necesidad de reforzar los sistemas de seguridad, especialmente en lugares donde se resguardan evidencias sensibles para causas judiciales. Asimismo, abre el debate sobre la participación de menores en hechos delictivos y la importancia de políticas de prevención y contención social en sectores vulnerables.
