El sistema financiero paraguayo ha captado la atención pública tras la aprobación por parte de la Cámara de Senadores de un pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) que incluye 31 preguntas sobre diversas operaciones bancarias, con especial énfasis en Ueno Bank y las acciones del organismo regulador. Este requerimiento busca aclarar el cumplimiento de límites prudenciales, medidas correctivas, la concentración de fondos públicos y la situación de una excepción contable relacionada con la absorción de Visión Banco.
Uno de los aspectos clave del cuestionario se centra en la «trazabilidad interna de las advertencias», preguntando al BCP sobre un memorando de 2026, conocido como el «informe Rivarola», que fue elaborado por Fernando Rivarola, exgerente de Supervisión del BCP. Los senadores quieren saber si este documento fue recibido por la Superintendencia de Bancos y cómo fue tratado, así como si se dieron discrepancias entre las recomendaciones técnicas y las decisiones finales del organismo.
El BCP tiene un plazo de 15 días para responder al pedido formal que se presentó la semana pasada. Entre las preguntas se incluye una evaluación sobre el riesgo asociado a la concentración de depósitos públicos en Ueno Bank, que hasta julio pasado acumulaba aproximadamente G. 5,1 billones, equivalentes a US$ 862 millones, provenientes del Estado y del Instituto de Previsión Social (IPS).
Simultáneamente, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) llevó a cabo dos reuniones con el presidente Santiago Peña durante septiembre, la primera de ellas un día después de la aprobación del pedido de informes. En la segunda reunión, que tuvo lugar el pasado viernes, participaron también el presidente del BCP, Carlos Carvallo, y representantes de diferentes entidades del sistema financiero, incluido Ueno Bank.
Asoban ha presentado un análisis sobre la entidad resultante de la fusión de 2024, vinculada a Ueno Bank, destacando la importancia de los fondos públicos en su crecimiento, la evolución de la solvencia y la exposición a empresas del mismo grupo económico. La asociación ha solicitado respuestas por escrito y una evaluación sobre la concentración de recursos públicos, recordando advertencias previas hechas en 2025.
La situación ha generado un debate entre economistas sobre la necesidad de mantener la confianza en el sistema financiero y en el rol del BCP como regulador. El exministro de Hacienda Manuel Ferreira expresó su preocupación por el «ruido» que rodea al sector y la importancia de salvaguardar la credibilidad del BCP. Otro exministro, Dionisio Borda, advirtió sobre los riesgos de la concentración de fondos públicos en Ueno Bank y la relación con empresas vinculadas, aunque mostró confianza en que el BCP y el Ministerio de Economía y Finanzas actúen con independencia.
Borda resaltó que el BCP tiene la responsabilidad de supervisar y regular la cartera de activos de los bancos del sistema financiero. Hizo hincapié en la necesidad de que los fondos públicos sean administrados por instituciones de alta solvencia, advirtiendo que Ueno Bank, en solo tres años, se ha convertido en uno de los principales administradores de fondos públicos, lo que podría implicar un riesgo significativo en caso de crisis financiera.
La situación actual plantea interrogantes sobre la imagen de estabilidad del Paraguay y la independencia del BCP ante posibles injerencias políticas, destacando la importancia de actuar de acuerdo con las mejores prácticas para garantizar la salud del sistema financiero nacional.