El senador José Oviedo critica la propuesta de «emergencia vial» que podría favorecer ajustes en compras públicas. Argumenta que la falta de justificación y transparencia en el proyecto podría generar problemas en la ciudadanía.
El senador José Oviedo ha expresado su firme oposición a un proyecto de ley que busca declarar «emergencia vial» por un periodo de un año. Asegura que la iniciativa, promovida con celeridad, carece de una justificación sólida y es problemática en cuanto a su gestión.
Según Oviedo, no se llevaron a cabo audiencias públicas ni mesas de trabajo para debatir esta propuesta, lo cual es fundamental en el proceso legislativo. Resalta que la idea de declarar emergencia no está respaldada por los elementos necesarios que respalden tal medida.
El legislador enfatiza que esta declaración podría facilitar compras públicas y que, al carecer de especificaciones claras, estaría expuesta a una amplia discrecionalidad. «Este tipo de normativa puede generar conflictos con la ciudadanía», afirma.
Oviedo también expresó su preocupación por la alarmante cantidad de accidentes de tránsito, que han dejado un grave saldo de muertes en las vías. Sin embargo, sostiene que la solución no radica únicamente en una declaración de emergencia, sino en implementar políticas efectivas de educación vial.
A lo largo de su discurso, el senador sugirió que el problema de la seguridad vial es mucho más profundo y complejo que una simple emergencia. Defiende la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad vial en lugar de adoptar medidas apresuradas.
Un elemento a considerar es que el proyecto otorga amplios poderes a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Este organismo tendría la facultad de adoptar «medidas excepcionales y extraordinarias de carácter administrativo», lo que se traduce en un control considerable sobre las decisiones que se tomen en este ámbito.
Curiosamente, el responsable de esta agencia, Félix Jiménez, está vinculado al equipo político del senador Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Congreso Nacional. Esto ha generado inquietudes sobre un posible conflicto de interés en la gestión de los fondos destinados por la nueva normativa.
En resumen, el legislador ha alertado sobre los peligros de aprobar un proyecto que, según él, podría tener consecuencias negativas para la ciudadanía y la institucionalidad del país. Urge a un debate más amplio y participativo sobre la sentencia vial y sus implicaciones.