Senador Chase cierra debate sobre el crecimiento patrimonial de Santiago Peña
Copete: La bancada cartista en el Senado, liderada por Natalicio Chase, declara cerrado el caso del crecimiento patrimonial del presidente Santiago Peña, mientras la oposición exige claridad sobre la diferencia de G. 9.410 millones en sus declaraciones.
En una reciente declaración, Natalicio Chase, senador y líder de la bancada cartista, afirmó que el caso del crecimiento patrimonial del presidente Santiago Peña es un “capítulo cerrado”. Chase argumentó que la situación no requiere más discusión y sugirió que la Fiscalía desestime la denuncia presentada en contra del mandatario.
Según Chase, el aumento en los bienes declarados por Peña corresponde a un periodo en el que no ocupaba un cargo público. Esta afirmación limita la capacidad de la Contraloría para investigar la legitimidad del crecimiento patrimonial del presidente, según el líder senatorial.
Sin embargo, la controversia persiste en medio de las denuncias de la oposición, que señala una discrepancia significativa entre los datos reportados por Peña al iniciar su mandato y lo que se considera “justificable”. Esta brecha alcanza G. 9.410 millones, lo que ha suscitado interrogantes sobre la procedencia de dicho incremento.
Los datos publicados indican que, al asumir la presidencia, el mandatario declaró activos por G. 23.024 millones, mientras que su patrimonio legítimamente justificable se sitúa en G. 12.262 millones. Esta diferencia ha llevado a críticos a cuestionar la transparencia en la gestión del presidente.
La oposición ha intensificado sus llamados para que se realicen esclarecimientos sobre esta discrepancia patrimonial. Aseguran que es fundamental garantizar la transparencia y responsabilidad en la gestión pública, especialmente de altos funcionarios como el presidente.
Chase, por su parte, sostiene que la denuncia carece de fundamento y considera que eso es lo que debería prevalecer. La tensión entre el oficialismo y la oposición se mantiene alta, en un clima político donde las acusaciones de corrupción y falta de transparencia son temas recurrentes.
Este caso resalta la necesidad de un marco claro sobre la declaración de bienes y la supervisión de los funcionarios públicos en Paraguay, donde las diferencias patrimoniales no justificadas levantan la alarma y el escepticismo en la ciudadanía.
